Al ayuntamiento de Málaga le gustan los alumnos silenciosos

Quien lea esta noticia puede pensar que Málaga es una ciudad silenciosa, y que por tanto cualquier nivel de ruido por encima de la media debe llamar la atención. En ese caso supondría que la acción municipal en ese sentido sería implacable, alcanzando por tanto un elevado grado de disciplina en esta materia.

Del mismo modo, creería que las denuncias vecinales acerca de actividades ruidosas serían rápidamente atendidas por las autoridades municipales y por tanto atajadas con contundencia.

La realidad, sin embargo, no puede ser más distinta y como puede apreciarse sin mucho esfuerzo, Málaga es una ciudad bastante ruidosa y la tolerancia municipal con algunas actividades que generan un elevado nivel de ruido es manifiestamente evidente.

La noticia es más sorprendente aún si consideramos que la parcela sobre la que se asientan los colegios públicos es de titularidad municipal y que son los ayuntamientos los que determinan el uso educativo o residencial de un determinado suelo. Por tanto, es el ayuntamiento el responsable de decidir si los edificios están demasiado próximos o no.

Quizás para comprender la noticia fuera relevante tener en cuenta que el colegio en cuestión es un centro público ubicado en una zona residencial de alto nivel (o medio-alto). Como es sabido, los alumnos entre 3 y 12 años que acuden a los centros públicos son mucho más ruidosos que los que asisten a los privados, y por tanto es necesario un especial control acústico. 

También es conocido que las actividades en los colegios de Primaria tienen lugar frecuentemente a altas horas de la madrugada, aproximadamente entre las 7 y media de la mañana y las 8 de la tarde, periodo durante el cual el silencio predomina en las calles malagueñas. Por tanto resulta imprescindible limitar al máximo el uso por parte de la chiquillería de instalaciones como los patios de recreo y el gimnasio. Por la misma razón, los escolares de este colegio posiblemente sean los únicos que no tengan derecho a su fiesta de fin de curso.

Cabría preguntarse si el celo municipal y la sensibilidad vecinal hubieran sido los mismos de tratarse de un centro educativo privado, aunque posiblemente no hubiese sido necesario al ser estos silenciosos por definición.

Bien es cierto que el alcalde de la ciudad se ha apresurado a afirmar que "El tema está sobreseído" y que es obligación atender las demandas vecinales. Loable intención si fueran todas las demandas vecinales sobre temas análogos, al tiempo que podemos pensar que si no hubiera sido por el revuelo levantado el resultado del expediente hubiera sido otro.

Posiblemente el resultado hubiera sido más rápido si algún avispado responsable municipal hubiera constatado que se trataba de un colegio de Infantil y Primaria al que acuden diariamente algo más de 400 alumnos de menos de 12 años que, al contrario de lo que desearían algunos, no llevan mordaza.

¿Qué tenemos que hacer con el médico si el paciente no mejora?

Tenemos un paciente cuyos síntomas parecen graves y lógicamente llamamos al médico. Parece que se ha empachado y tiene algunos problemas de sobrepeso y de crecimiento. El médico pone gesto adusto y determina que es necesario amputarle un un pie. Como somos profanos creemos que no es buena idea pero aceptamos porque queremos lo mejor para el enfermo.

Como tras la operación no mejora, volvemos a llamar al médico, que nos dice, sin mucha convicción, que hay que amputar el otro, que no ha sido suficiente. Opinamos que si el paciente no se puede desplazar empeorará sin duda su calidad de vida, pero parece que no hay otra solución.

Al no experimentar mejoría alguna, y sí sufrir las secuelas de las dos amputaciones, ahora el médico nos dice que es imprescindible amputar una mano. En un exceso de optimismo podemos pensar que, al no poder comer tanto como antes es posible que se alivien los problemas de sobrepeso...

Así podemos continuar hasta que no haya más miembros que amputar. Es obvio que no va a haber mejoria y que el paciente se va a seguir depauperando progresivamente hasta casi morir de inanición.

En ese momento el médico nos sugiere que "a lo mejor" unos opulentos dioses lejanos e implacables que se llaman "Mercados Financieros" se van a apiadar del pobre enfermo y la van a enviar la curación en forma de una medicina que se llama "Confianza" y de la que sólo se es merecedor cuando se está a las puertas de la muerte por anorexia.

¿El médico es estúpido o incompetente? No, ni mucho menos. Sería un error pensar eso. Sabe exactamente lo que está haciendo. Lo que ocurre es que sus intereses no pasan por la salud del enfermo, sino por su defunción y su sustitución por un nuevo "modelo".

Un modelo basado en la "libertad para escoger", pero que sólo llegue a algunos. Justo los mismos que ahora, pero mejor. Sin veleidades igualitarias. Con ayudas para el que tenga, en forma por ejemplo de deducciones sobre el IRPF, pero nada para el que no tenga. Nada de despilfarrar el dinero en quien no sabe agradecerlo suficientemente.

Una educación de "élite" para algunos, pero pagada por todos y nicho de negocio para avispados empresarios, para los que se lo puedan permitir y para eso se lo merecen, y que el resto se adapte como pueda a a la nueva realidad, porque los tiempos son duros.

Pero no son igual de duros para todos.

El gobierno del Partido Popular pretende ahogar la Enseñanza Pública

Como estaba anunciado, el gobierno español ha perpetrado sin vacilación alguna el mayor atentado contra la Educación conocido hasta el momento.

Tras unas torpes excusas que pretende esconder detrás de los patéticos eufemismos “reformas” o “ajustes” el gobierno deja traslucir su completa ausencia de modelo educativo, que sustituye por otro ideológico y economicista.

Desde hace años los ideólogos de la derecha, convenientemente arropados por FERE, CECE y CONCAPA y jaleados por los medios de comunicación afines, que son casi todos, han dibujado un panorama apocalíptico de la Educación, particularmente de la pública, tan sólo paliada por las bondades de la privada, y en especial si está sostenida por fondos públicos.

Cuando ya por fin la derecha ocupa el poder casi en todas las instituciones del Estado, las primeras medidas no van en el sentido de combatir las lacras denunciadas, como el abandono escolar temprano, el fracaso escolar o el bajo nivel educativo general, sino justo en el contrario.

Que haya más alumnos en el aula se va a traducir, como puede reconocer hasta un espectador de Intereconomía, en una menor atención individual de los mismos. Más horas de clase por profesor va a suponer menos tiempo dedicado a otras actividades no menos importantes, como por ejemplo la formación, y en muchos casos, que los docentes tengan que impartir materias distintas a la suya propia.

Y respecto a la Formación Profesional también indignante el recorte en los ciclos formativos de mayor calidad, precisamente los más necesarios en estos momentos.

Pero estas medidas, que afectan en exclusiva a la enseñanza pública van mucho más allá de un ahorro económico a corto plazo como se quiere hacer ver. Su última finalidad es conseguir su mayor degradación posible para que aparezca como única solución su progresivo desmantelamiento y su sustitución por la privada que además “es más barata”.

Justo después de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte haya suprimido el programa Educa3, que suponía el apoyo estatal a creación de puestos escolares en el Primer Ciclo de Educación Infantil, la Comunidad de Madrid, avanzadilla de estas políticas tantas veces, ya ha puesto en marcha, la Comunidad de Madrid acaba de aprobar "becas de cheques guardería para el curso 2012-2013" por valor de 34 millones de euros.

Se trata de "Ayudas para la escolarización de niños menores de tres años matriculados en centros privados, autorizados para impartir el primer ciclo de Educación Infantil, y que no estén sostenidos total o parcialmente con fondos públicos”.

Una vez más este gobierno pone de manifiesto que carece de un proyecto educativo que vaya más allá de favorecer a los centros educativos privados.

"Los mercados" condicionarán - también - la política educativa española

Cuando todavía está fresca la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado más restrictivos de la democracia el gobierno de derechas español se ha apresurado a anunciar un nuevo recorte de 10.000 millones de euros precisamente en Sanidad y Educación.

Hay que recordar que las promesas electorales del partido que ganó las elecciones indicaban justo lo contrario, lo que sirve para hacerse una idea de la catadura moral del mismo. Ha bastado un nuevo empujón de "los mercados", o lo que es lo mismo, de los especuladores financieros internacionales, para que el gobierno perpetre un ataque directo contra los pilares del Estado del bienestar.

Llama la atención la celeridad con la que se han diseñado estos recortes, cuya cuantía es aproximadamente la tercera parte de los ya anunciados y que supuestamente no están recogidos en los PGE, comparándola con la lentitud con la que se han elaborado estos, de tal forma que supuestamente no dió tiempo material a presentarlos antes de las pasadas elecciones andaluzas.

En este momento falta detallar qué gastos "superfluos" se van a eliminar de estas partidas y, sobre todo, algo mucho más importante como determinar de quién va a ser la culpa. Podemos esperar que sea de Zapatero, pero también puede ser del sistema educativo público o directamente de los profesores.

Lo peor es que posiblemente estos recortes tampoco sean suficientes para los especuladores. Quiero decir que seguirán apretando mientras obtengan beneficio de ello, sin límite alguno. Y el patriótico gobierno español seguirá anunciando, preferentemente en Alemania, nuevas concesiones mientras aplica a rajatabla y con compungimiento farisaico su catecismo neoliberal.

La Educación recortada

Por si todavía quedaba alguien con la candidez suficiente para creer en las declaraciones de este gobierno y en la ideología que lo sustenta han tenido que llegar los PGE para disipar cualquier duda. Una vez más se ha demostrado que los Presupuestos constituyen la auténtica prueba de las prioridades de un gobierno, aunque obviamente la culpa será siempre de Zapatero.

Tras proclamar a todos los vientos, una y otra vez, que “habrá recortes en todo menos en pensiones, educación y sanidad” hemos descubierto sin sorpresa que el presupuesto de Educación se recorta incluso más que la media de los ministerios. En concreto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sufrirán recortes del 21,2 y el 13,7 por ciento respectivamente.

En Educación se traduce en 3.088 millones de euros menos. La tijera ha entrado precisamente con más intensidad sobre una de las razones de ser del Ministerio de Educación, como son los Programas de Cooperación Interterritorial, y dentro de ellos, el programa Escuela 2.0 y Educa3.

Puesto que la mentira no entiende de grados, quien miente una vez miente siempre. Para suprimir el primero se aduce que "llenar de ordenadores las aulas no ha demostrado ser académicamente rentable" y añadiendo que hay estudios que confirman mejores resultados entre los alumnos que no trabajan con ordenador en clase que los que sí lo hacen. De todas formas esos informes deben ser el secreto mejor guardado del mundo ya que ni Wikileads ha conseguido acceder a ellos, a no ser que se trate de uno, también ignoto, pero patrocinado por esa institución tan imparcial y desinteresada que es la CECE.

Aplicando ese mismo razonamiento se podrían suprimir las clases de religión en los colegios, a las cuales por cierto se destina un presupuesto más generoso, ya que no se observa ninguna relación entre el alumnado que acude a ellas y en número de católicos practicantes, sino más bien al contrario.

Eso sí, ya que el anterior programa Escuela 2.0 fue puesto en marcha “sin una política clara ni coordinación”, ahora se prometen unos imprecisos “programas distintos de nuevas tecnologías, que no impliquen el reparto de ordenadores”. Se supone que será algo así como unas TIC contemplativas que sin duda tendrán un efecto decisivo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los rendimientos académicos.

Respecto a la Educación de 0 a 3 años, el magnífico equipo ¿educativo? al frente del cual está el tertuliano Wert ha decidido que se trata de “una etapa con un valor educativo menor, y que sólo responde a un carácter asistencial y de conciliación”, razón que pone de manifiesto su enorme altura intelectual y pedagógica.

Otro detalle sin importancia es que ya que hablamos sin parar de que hay que mejorar la Formación profesional, “se elimina casi todo el dinero que se daba a las comunidades autónomas para poner en marcha la recién creada plataforma de FP a distancia, que pretendía, entre otras cosas, facilitar también la reincorporación al sistema de personas que se pusieron a trabajar con poca formación”.

Respecto al problema del fracaso escolar podemos estar tranquilos porque los fondos destinados a combatirlo aumentan en 300.000 euros (si alguien tiene ganas puede comparar la cantidad con el sueldo de la secretaria general del PP), aunque para compensar la lucha contra el abandono temprano tendrá 1,1 millones menos que el año pasado.

Sin entrar en detalle en la política de becas, también recortada, se puede deducir fácilmente que, disfrazado de recortes económicos, nos encontramos con un Ministerio fuertemente ideologizado que no tiene entre sus principios favorecer la igualdad de oportunidades sino, al contrario, hacer que las diferencias sociales sean cada vez más acentuadas cercenando todas y cada una de las políticas que se pueden y se deben llevar a cabo en ese sentido desde la Educación.

Los recortes no son la vía para resolver los problemas, y si alguien tiene alguna duda que mire a Grecia.

La actualidad en el aula

Vivimos buenos tiempos para las matemáticas y otras asignaturas, así que propongo usar la actualidad en clase para motivar al alumnado.

Si el gobierno que elegimos-sufrimos quiere obtener 2.500 millones de euros de la amnistía fiscal por la vía de que tribute un 10 %, es que estima que pueden aflorar 25.000 millones. Si en vez que todos los españoles subvencionemos a los poseedores de este capital tributaran a un tipo medio del 40 %, que no es descabellado, la recaudación debería ascender a unos 10.000 millones, con lo que la rentabilidad del fraude alcanza los 7.500 millones de euros, sin contar los recargos y multas.

Por poner un ejemplo comparativo, el recorte que sufre la partida que se dedica a políticas activas de empleo, algo totalmente prescindible en estos tiempos como es obvio, asciende a 1.557 millones de euros.

 
Por hacernos una idea, los recortes de “los ministerios" ascienden a 27.300 millones. Entrecomillo “los ministerios” porque la información gubernamental siempre alude a las reducciones presupuestarias como si fueran los ministerios los afectados - cosa que a nadie le importa - y no las políticas que ejecutan, lo cual sí afecta directamente a todos los ciudadanos. No deja de ser una perversión del lenguaje digna de ser tratada en dicha asignatura.
 

Con todo, se podría pensar que si por lo menos se recuperan esos escasos 2.500 millones lo podíamos dar por bien empleado y pelillos a la mar, pero lo cierto es que el gobierno está lanzando el mensaje claro de que no tiene la más mínima intención de luchar contra el fraude, confiando en el patriotismo de los evasores.

Habida cuenta la ubicación exacta de la patria de estas personas, aunque la palabra España pronunciada con énfasis forme parte habitual de sus conversaciones, y que, volviendo a las matemáticas, un 0 % es mejor que un 10 % en materia tributaria podemos hacernos una idea aproximada de la cantidad que se va a recaudar finalmente.

Se podrá decir que el gobierno anterior también lo pensó, pero lo cierto es que al final no lo llevó a cabo. No es lo mismo pensar que hacer, y un gobierno tiene derecho a tener malas ideas pero bajo ningún concepto a ponerlas en práctica.

Lo peor, si cabe, es que se afianza aún más la idea de que el fraude fiscal, para el que se suelen buscar todo tipo de excusas, sale gratis. Eso sí, el gobierno va a tramitar, por la vía de urgencia, una modificación del Código Penal para agravar las penas a los alborotadores callejeros. ¡Cómo vamos a comparar romper la luna de un escaparate o quemar un contenedor con defaudar millones de euros!

Todo esto sería interesante tratarlo en clase de Etica, o mejor en Educación para la Ciudadanía, pero es adoctrinamiento. También se podría ver en la nonnata Educación Cívica y Constitucional, pero es perder el tiempo.

Quienes seguro no van a perder el tiempo son los defraudadores a los que un gobierno de derechas pretende regalar más de 7.500 millones de euros, en una dádiva que posiblemente no será aceptada. Efectivamente es desconcertante. O no.

La huelga del 29 de marzo no es una huelga con razón sino con razones

La llamada crisis económica no sólo afecta ya a las capas más desfavorecidas de la sociedad sino que alcanza con rudeza a la clase media por la vía de la reducción de salarios, el alto endeudamiento o, peor todavía, el desempleo asociado al endeudamiento, con el resultado de un riesgo acentuado de proletarización.

Mientras tanto los sectores especulativo-financieros se aprovechan de la situación ya que obtienen pingües beneficios por el procedimiento de provocar situaciones de inestabilidad alertando de riesgos reales o hipotéticos que son seguidas de incrementos de los intereses que deben pagar los países para obtener financiación con el consiguiente aumento de los beneficios para las entidades financieras, en una espiral acelerada de profecías autocumplidas.

Simultáneamente, el sector bancario se beneficia impúdicamente de ayudas públicas tanto de los endeudados estados como del Banco Central Europeo en forma de créditos al 1 % que no tienen el más mínimo efecto sobre la economía. En su lugar esos mismos créditos se podían ofrecer a los países que están pagando a la misma blanca intereses del 5, 6 o 7 %.

A estas alturas de la crisis es evidente que las políticas puestas en marcha para su resolución por los gobiernos europeos, conservadores en su mayoría, no recaen sobre los sectores especulativos que contribuyeron activamente a generarla sino sobre aquellos que no se beneficiaron de la época espansivo-especulativa anterior, como funcionarios y pensionistas, y en general sobre todos los asalariados.

Dichas políticas se basan exclusivamente en la contracción del gasto público y el empeoramiento de las condiciones laborales de los asalariados que, lejos de producir riqueza, provocan el empobrecimiento generalizado y la disminución progresiva de la actividad económica que a su vez provoca más pobreza.

En el caso concreto español, la resolución de la crisis se confía en unas “reformas” de ideología neoliberal que se traducen en un endurecimiento de las condiciones laborales que no puede resolver la presunta falta de competitividad de la economía española salvo que se pretenda que los derechos de los trabajadores caigan a niveles de países emergentes.

La competitividad no sólo depende de los costes laborales sino también de la organización del trabajo, de la formación de trabajadores y empresarios y sobre todo, de la inversión tanto en equipamiento como en I+D+i, de la que nadie parece querer acordarse.

En este contexto, los servicios públicos básicos como salud y educación se encuentran en grave riesgo precisamente cuando es más necesario su mantenimiento. En particular la Educación pública, cuando se ha comprobado que es la única solución para el progreso social, está puesta en cuestión.

Mientras que el gobierno conservador carece de un proyecto educativo que llegue más allá de favorecer a la enseñanza privada, hace grandes aspavientos acerca del fracaso escolar y el abandono prematuro y prepara recortes presupuestarios que indudablemente van a limitar los recursos para afrontar dichos problemas.

El previsible aumento de la ratio y el endurecimiento de las condiciones para la titulación que esconde el llamamiento a la “cultura del esfuerzo” sólo presagia que se incremente aún más el fracaso escolar, al tiempo que se dificulte la recuperación para la formación de los 300.000 jóvenes que abandonaron prematuramente las aulas en la etapa de engañosa bonanza económica.

La crisis económica no cesará, independientemente de todos los recortes sociales que se realicen, hasta que los sectores que en la actualidad se están beneficiando de la misma dejen de hacerlo por la vía de la regulación de los mercados financieros o porque consideren que su margen de beneficios disminuye porque el empobrecimiento de las sociedades europeas ha tocado fondo o porque aparezca otro negocio más lucrativo. En todo caso ya se habrá producido el desmantelamiento del estado del bienestar y será muy difícil volver a los niveles de calidad y cobertura anteriores.

Por todo esto, esta huelga no es una huelga con razón sino con razones.