Uno siempre se cree que ha agotado su capacidad de sorpresa pero cuando menos se lo espera sale alguien que lo saca de su error. Ahora vuelve el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la carga contra la Educación para la Ciudadanía.
Pasado el primer momento de perplejidad, compruebo que la sentencia no es más que un punto más de esa farsa, un tanto ridícula, que está representando un sector de la derecha conservadora y un sector – igualmente conservador – de la judicatura, que sería divertida si no estuvieran en juego dos conceptos serios e importantes: la Educación y la Justicia.
Lo primero que se observa es que la sentencia está avalada por tres jueces de un total de cinco. De ellos uno es, precisamente, el que avaló el derecho de unos padres a "objetar" de la asignatura. Y otros dos jueces discrepan totalmente de la misma hasta el punto de formular un voto particular.
Después, la sentencia no anula los contenidos de la asignatura sino tres aspectos parciales de la misma. En concreto, se enreda en una confusa disquisición sobre la discriminación por razones "de sexo", "de género" o de "orientación sexual". No queda claro, afortunadamente, si la escuela debe enseñar a discriminar por alguna de esas razones o por todas.
Tampoco entienden los firmantes que "la educación ha de atender al respeto de las diversas opciones vitales". Lógicamente entienden que hay algunas opciones que merecen respeto – las suyas – y otras que no. Para justificar esto, aceptan la tesis de los recurrentes de que "los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos en la concepción de la sexualidad que resulte confirme a nuestras convicciones, sin perjuicio de educarlos en el respeto a otras orientaciones sexuales". Lo que no había sido objeto de discusión en ningún momento. A no ser que ese concepto de educación consista en negar la evidencia y enseñar que no existen los homosexuales. Y si existen, tirarles piedras.
Por último no les gusta la frase "dado que la construcción de la identidad es una tarea compleja es necesario que la contribución de la escuela a ese proceso de construcción huya de la simplificación y de los enfoques esencialistas, para asumir, una perspectiva compleja y crítica". Por tanto, parece, lo que debe hacer la escuela es simplificar y aceptar, sin más, la concepción tradicional de la familia.
En definitiva, se trata de la última, por ahora, pataleta de ese conservadurismo más social que político que entiende como agresión la mera existencia de gentes distintas a ellos. Como una amenaza que las personas organicen su vida de otra forma. Y pretenden que sus hijos sean como niños burbuja que ignoren todo esto, y que, desde pequeños, desprecien lo que desconocen. Vano esfuerzo, por otra parte, porque serán homosexuales – o no – independientemente de las convicciones de sus padres.
La sentencia rezuma ideología liberal-conservadora afirmando la presunta "neutralidad" del Estado. Vamos a ver, el Estado, los poderes públicos, tienen la obligación de intervenir en los casos de discriminación por cualquier motivo y de sensibilizar contra ellos a la sociedad desde la escuela. El Estado tiene la OBLIGACIÓN de salvaguardar los derechos de las minorías. Si no lo hiciera constituiría una dejación de su responsabilidad. Los que sí deben ser independientes, que no neutrales, son los jueces. Pero esto al parecer no es posible.
¿Y cómo queda, jurídicamente, el hecho de que los jueces acepten una demanda de aquellos a los que previamente han reconocido el derecho a no cursar la asignatura? ¿Quiénes son ahora los que imponen sus propias y minoritarias convicciones a la mayoría que no ha objetado?
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