Más de lo mismo

Uno siempre se cree que ha agotado su capacidad de sorpresa pero cuando menos se lo espera sale alguien que lo saca de su error. Ahora vuelve el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la carga contra la Educación para la Ciudadanía.

Pasado el primer momento de perplejidad, compruebo que la sentencia no es más que un punto más de esa farsa, un tanto ridícula, que está representando un sector de la derecha conservadora y un sector – igualmente conservador – de la judicatura, que sería divertida si no estuvieran en juego dos conceptos serios e importantes: la Educación y la Justicia.

Lo primero que se observa es que la sentencia está avalada por tres jueces de un total de cinco. De ellos uno es, precisamente, el que avaló el derecho de unos padres a "objetar" de la asignatura. Y otros dos jueces discrepan totalmente de la misma hasta el punto de formular un voto particular.

Después, la sentencia no anula los contenidos de la asignatura sino tres aspectos parciales de la misma. En concreto, se enreda en una confusa disquisición sobre la discriminación por razones "de sexo", "de género" o de "orientación sexual". No queda claro, afortunadamente, si la escuela debe enseñar a discriminar por alguna de esas razones o por todas.

Tampoco entienden los firmantes que "la educación ha de atender al respeto de las diversas opciones vitales". Lógicamente entienden que hay algunas opciones que merecen respeto – las suyas – y otras que no. Para justificar esto, aceptan la tesis de los recurrentes de que "los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos en la concepción de la sexualidad que resulte confirme a nuestras convicciones, sin perjuicio de educarlos en el respeto a otras orientaciones sexuales". Lo que no había sido objeto de discusión en ningún momento. A no ser que ese concepto de educación consista en negar la evidencia y enseñar que no existen los homosexuales. Y si existen, tirarles piedras.

Por último no les gusta la frase "dado que la construcción de la identidad es una tarea compleja es necesario que la contribución de la escuela a ese proceso de construcción huya de la simplificación y de los enfoques esencialistas, para asumir, una perspectiva compleja y crítica". Por tanto, parece, lo que debe hacer la escuela es simplificar y aceptar, sin más, la concepción tradicional de la familia.

En definitiva, se trata de la última, por ahora, pataleta de ese conservadurismo más social que político que entiende como agresión la mera existencia de gentes distintas a ellos. Como una amenaza que las personas organicen su vida de otra forma. Y pretenden que sus hijos sean como niños burbuja que ignoren todo esto, y que, desde pequeños, desprecien lo que desconocen. Vano esfuerzo, por otra parte, porque serán homosexuales – o no – independientemente de las convicciones de sus padres.

La sentencia rezuma ideología liberal-conservadora afirmando la presunta "neutralidad" del Estado. Vamos a ver, el Estado, los poderes públicos, tienen la obligación de intervenir en los casos de discriminación por cualquier motivo y de sensibilizar contra ellos a la sociedad desde la escuela. El Estado tiene la OBLIGACIÓN de salvaguardar los derechos de las minorías. Si no lo hiciera constituiría una dejación de su responsabilidad. Los que sí deben ser independientes, que no neutrales, son los jueces. Pero esto al parecer no es posible.

¿Y cómo queda, jurídicamente, el hecho de que los jueces acepten una demanda de aquellos a los que previamente han reconocido el derecho a no cursar la asignatura? ¿Quiénes son ahora los que imponen sus propias y minoritarias convicciones a la mayoría que no ha objetado?

Texto de la sentencia

Voto particular

La peligrosa fractura

La Orden que pretendía regular la calidad y la mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos andaluces ha servido, entre otras cosas, para desatar una tremenda verborrea en la que no siempre se ha tenido en cuenta la realidad de esos mismos centros docentes.

Una de las perversidades que se le han atribuido es sembrar la "división" en el seno de los claustros de profesores. El que haya leído esto fuera del ámbito docente habrá pensado que los claustros son entidades monolíticas en las que la diferencia de opinión acerca de este tema ha establecido una peligrosa fractura.

En realidad los claustros de profesores son tan uniformes como cualquier otra colectividad humana, una Comunidad de Propietarios, por ejemplo. O sea, nada. Los intereses, opiniones e ideologías del profesorado son tan diversas como en cualquier otro grupo de personas y por tanto nada externo va a aumentar esa diversidad, ni la va a enconar.

Lo que sí es cierto es que hay un cierto sector del profesorado que gusta definirse a sí mismo como "profesional", en contraposición con otro al que consideran "ideologizado". Esto supone una doble inexactitud por presuponer por una parte que no disponen de ninguna ideología y por negar por otra la profesionalidad al otro sector.

Lo primero no es cierto porque, como todo el mundo sabe, nadie carece de ideología, y si así fuera sería preocupante. Otra cosa es que esta ideología sea de un signo o de otro, lo cual es absolutamente respetable, por supuesto. En todos los casos.

Lo segundo tampoco, puesto que esa profesionalidad está presente en todos los sectores y sensibilidades. La profesionalidad – o su ausencia – está uniformemente repartida. La ideología no está reñida en modo alguno con el ejercicio profesional, como con ningún otro aspecto de la vida.

Por cierto, que esa variedad también está presente entre los detractores de la medida, dentro de los cuales se encuentran desde interinos hasta asociaciones presuntamente profesionales – independientes de derechas, por supuesto - pasando por ácratas más o menos declarados. Curiosa mezcla sin duda.

Peces Barba y la EPC

Gregorio Peces Barba es catedrático de Filosofía del Derecho. Yo no. Sin embargo, el artículo publicado en el diario El País el pasado 7 de abril defiende unas tesis en absoluto concordantes con las que expuse en mi artículo del 5 de marzo.

Lo cual, lejos de congratularme por mis conocimientos jurídicos, que son nulos, me lleva a preocuparme por la endeblez de los argumentos exhibidos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalaba el "derecho" de unos padres a "objetar" de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Si todo un catedrático de enorme prestigio en la materia, y yo, que no sé nada de ella, y sin más herramienta que la lógica, hemos llegado a parecidas conclusiones será porque algo de razón debemos tener. Por tanto ¿Cuáles son los motivos que han llevado a un magistrado a fallar en un sentido que, con toda probabilidad, será anulado en el Tribunal Supremo?

Puesto que no tengo ningún motivo para dudar de la valía profesional del magistrado, de la cual no tengo ninguna referencia, solo queda pensar que sean otro tipo de interferencias las que hayan logrado nublar su buen juicio.

Y precisamente esto es lo preocupante, porque si un acto ejecutado por un magistrado va contra el espíritu y la letra de la Constitución, además de contra la lógica, y al mismo tiempo hay una gran probabilidad de que sea revocado después de recurrido, hay que pensar que se ha dejado llevar por otro tipo de condicionantes a los que el acto jurídico debía ser ajeno. O por otras intenciones, que también debían ser ajenas a la Justicia.

Por lo pronto la sentencia ha conseguido dar aire a los que estaban buscando sabotear la asignatura, no tanto por ésta en sí, que les importa un bledo, sino por torpedear la labor del Gobierno. Claro que los resultados de las elecciones no les han dejado mucho margen de maniobra. Y si de alguna manera el proceso electoral formaba parte de la operación no puede decirse que la estratagema haya estado coronada por el éxito.

El Estado, como expresión de la voluntad mayoritaria de la sociedad, es el único que tiene la potestad de establecer los contenidos que conforman la formación de los ciudadanos. Estos podrán estar de acuerdo, o no, y por supuesto tienen perfecto derecho a discrepar. Pero eso no les exime de la obligación de conocer.

Ahora sólo queda esperar que el Tribunal Supremo deje las cosas en su sitio. Y, cuanto antes, mejor para todos.

La Educación como artículo de consumo

La sociedad de la abundancia parece que lleva aparejado el que todo se convierta en artículo de consumo. Ese consumo no está ligado con la necesidad sino con una serie de consideraciones totalmente ajenas a si las cosas hacen falta o no. Y la Educación no es ajena a esto.

Es como la moda de comprar coches 4x4. Son coches que sirven para circular por terrenos irregulares, pero la mayor parte de la gente que los adquiere no ha transitado en su vida por caminos sin asfaltar, ni tiene la más mínima intención de hacerlo. Supongo que pensarán que son mejores que un utilitario común pero ¿qué es "mejor"? Consumen más, hace falta más material para construirlos, contaminan más, ocupan más espacio, son más caros y no son más seguros.

Entonces ¿dónde está la ventaja? No se me ocurre nada más que a la gente le gusta sentirse superior si se sienta por encima de los otros conductores. Magro beneficio, sin duda. O por ganas de aparentar. O para exhibir un cierto estatus social. Claro que al entendido en el tema seguro que le parecerá ridículo usar ese tipo de vehículos para llevar los niños al cole, por ejemplo.

En Educación pasa algo parecido cuando mucha gente da por supuesto que los colegios privados son mejores que los públicos. Parto de la base de que todos los padres, por supuesto, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero ¿qué es "lo mejor"?

La formación del profesorado es idéntica, porque todos los profesores hemos pasado exactamente por las mismas universidades. El sistema de acceso del profesorado, en la enseñanza pública será justo o injusto, pero es igual para todos y sobre todo es transparente. La motivación del profesorado de la privada la desconozco, pero es conocido que trabajan más horas y su lucha por la homologación salarial. O lo que es lo mismo, que cobran menos. ¿Las instalaciones? Hay colegios privados con buenas instalaciones y otros que no tanto, y lo mismo pasa en los públicos.

Podría pensarse en razones confesionales, absolutamente respetables por otra parte, pero no parece que ni en la vida pública ni en la privada lo confesional esté particularmente en alza. Entonces ¿dónde está la diferencia?

La diferencia es que los colegios privados ejercen, ante la pasividad de las administraciones, la selección del alumnado, por procedimientos sutiles "no se le dan bien los idiomas" (sic) o por otros no tan sutiles como las aportaciones "voluntarias" al AMPA o a las actividades extraescolares y demás QUE TODO EL MUNDO PAGA SIN RECHISTAR. Todo esto es sabido, pero ¿quién denuncia?

La diferencia estriba en que los colegios privados sirven para perpetuar los prejuicios de clase. Lo cual es muy respetable siempre que no sea gratis, o mejor dicho, que no lo paguemos entre todos. Al final, la educación se compra como el todo terreno. Solo que subvencionada.

Yo no confiaría mucho en un cirujano que derivara hacia otro los casos "difíciles". A los buenos cirujanos precisamente les gustan los casos complejos. Por tanto, yo no confiaría mucho en un colegio que derivara a otro los alumnos "complicados" o simplemente "distintos". Por cierto que todos nosotros, y nuestros hijos, podemos llegar a ser distintos en un momento determinado.

Volviendo al ejemplo de la sanidad, la privada está muy bien cuando uno está resfriado y no tiene que guardar cola, pero cuando alguien tiene una enfermedad grave de verdad hace lo posible para que lo traten en un hospital público.

Los conciertos educativos se crearon de forma totalmente subsidiaria en una época en que la enseñanza pública no podía atender toda la demanda de escolarización y como tal habría que seguir entendiéndolos. Pero siempre EN IGUALDAD DE CONDICIONES. Y cualquier discriminación probada, como las que existen, debe acarrear LA INMEDIATA RESCISIÓN DEL CONCIERTO. Sólo así jugaremos todos al mismo juego, con las mismas reglas. Pero todos sabemos que esto no es así y que la generosa política de conciertos no entiende demasiado de colores políticos. Y que nadie le va a poner el cascabel al gato.

Además, el convencimiento de los padres que llevan sus hijos a este tipo de centros no debe ser muy grande, porque, como el bachillerato por ahora no está concertado, sube significativamente el número de alumnos que abandonan los colegios privados para matricularse en los públicos. ¿Qué pasa, que ya no es tan importante si tenemos que pagar?

No quiero decir con esto que no deba existir la enseñanza privada. Quien decida pagar por la educación de sus hijos está en su perfecto derecho pero lo que no es admisible es que los "caprichos" educativos sean sufragados con el dinero de todos.

Mención aparte merecen los compañeros que trabajan en la enseñanza pública y tienen a sus hijos en colegios concertados. ¿Qué opinarías de un mecánico que al preguntarle que cuando se le avería el coche dónde lo lleva dijera "yo, al taller de enfrente, porque el taller donde trabajo es muy malo"?

Hablar de oídas

Siempre he pensado que la Educación y la Medicina tienen muchas cosas en común. Una de ellas es que son disciplinas tan fáciles que todo el mundo sabe mucho de ellas. No hay mas que comentarle a alguien alguna dolencia para que te obsequie con un completo diagnóstico acompañado de su correspondiente tratamiento farmacológico, dosis incluidas.

En Educación pasa lo mismo y cualquiera, sin la más mínima relación con la docencia, tiene muy claro lo que hay que hacer en el aula. Los profesionales echamos en falta tanta claridad de ideas, que ya nos gustaría, porque el número de las dudas y los interrogantes que nos planteamos excede con mucho al de las respuestas. A lo mejor es que la lejanía aclara las ideas. Lo de los árboles y el bosque, vamos.

El penúltimo, porque seguro que habrá más, en expresar su opinión acerca de los males que aquejan al sistema educativo es Arturo Pérez-Reverte, prolífico escritor y conocido periodista y exreportero de guerra. Y despotricador de por libre en horas de asueto. El caso es que este personaje, cuya única relación conocida con el mundo educativo tras su paso por la Universidad – como alumno – es alguna que otra conferencia que imparta en los centros docentes, ha tomado vela en el entierro de la Orden que desarrolla el programa de calidad de los centros docentes en Andalucía.

Supongo que los responsables de la Consejería de Educación estarán exultantes, porque rara vez el BOJA ha tenido tanta repercusión. Estoy convencido de que se habrán agotado los ejemplares del número en el que apareció la Orden y se irán vendiendo por ahí en Internet a precios exorbitantes. O a lo mejor es que nadie se la ha leído.

El caso es que tras una sarta de exabruptos e insultos varios, que no voy a contestar porque el que se pica será porque come ajos y yo no lo hago, da en incidir sobre la teoría del soborno y el implícito reconocimiento de la "culpa" de los profesores sobre el fracaso escolar si aceptan los incentivos.

Está claro que la imagen de un profesional que realiza su trabajo y, encima, le pagan por ello es poco novelesca. Como la de la minoría que impone sus criterios a la mayoría. Es mucho mejor la de los pobres maestros que defienden su dignidad mancillada cual el Cid tras la afrenta de Corpes. O la de resistentes numantinos defendiéndose de la invasión de la inmisericorde administración. O como nuevos habitantes de Madrid levantándose contra la modernidad y muriendo por la vuelta del absolutismo. Lástima que éstas últimas no se ajusten a la verdad, pero ¡son tan bonitas!

Es cierto que en los últimos años se han sepultado los centros educativos bajo un manto de palabrería psicopedagógica que más que para resolver problemas ha servido para desenfocarlos. Pero lo que es innegable es que el sistema educativo tenía que cambiar, porque ahora es, con todas sus carencias, contradicciones y defectos, lo que antes no era: UNIVERSAL. Y más que tiene que cambiar todavía.

Desde mi humilde blog me permito recomendarle al señor Pérez Reverte o bien que cambie de amistades, o mejor, que haga nuevos amigos. Esto, además de suponerle una experiencia gratificante le servirá para tener una perspectiva más amplia que seguro enriquecerá sus artículos.

Mientras tanto lo mejor es que siga escribiendo entretenidas novelas sobre el siglo XVII y el XIX, porque, salvo leves destellos, la Historia del siglo XX español está bajo una enorme losa gris, una de cuyas manifestaciones, la escuela autoritaria, parece que echa tanto de menos.

El artículo en cuestión

A vueltas con PISA

El informe PISA fue calurosamente acogido hace algunos meses por los detractores del actual sistema educativo, que aprovecharon para entonar las habituales jeremiadas sobre la LOGSE, la LODE, los socialistas y sobre que, en definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor.

Es cierto que los titulares periodísticos del estilo "España suspende en Educación", "España a la cola de Europa en Educación" y otros por el estilo no han ayudado mucho en el análisis del informe, al contenido del cual por otra parte no demasiada gente le ha prestado atención.

Ha pasado ya el suficiente tiempo como para poder analizar los resultados con la suficiente perspectiva. PISA no tiene nada que ver con la ciudad italiana sino que es el acrónimo del Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), de la OCDE. Este estudio se inició a fines de los años 90 como un estudio comparativo, internacional y periódico del rendimiento educativo de los alumnos de 15 años, a partir de la evaluación de ciertas competencias consideradas clave, como son la competencia lectora, la matemática y la científica.

No se trata de medir conocimientos sino competencias, o sea hasta qué punto los alumnos son capaces de usar los conocimientos y destrezas que han aprendido y practicado en la escuela cuando se ven ante situaciones, muchas veces nuevas para ellos, en los que esos conocimientos pueden resultar relevantes.

La lista de países participantes es larga, y entre los cuales hay países de la Unión Europea, otros europeos que pertenecen a la OCDE y otros del norte de África, América y Asia. En España han participado las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco. Las demás, no. O lo que es lo mismo, que no se han arriesgado.

La primera objeción que se puede hacer es que las pruebas son homogéneas y se han aplicado a alumnos de sistemas educativos heterogéneos. Esto por una parte es inevitable, si queremos obtener resultados comparables, y por otra hay que resaltar que no se trata de preguntas sobre conocimientos concretos.

Si vamos a los resultados, España está en la zona media baja, con 480 puntos en Matemáticas, 461 en comprensión lectora y 488 en Ciencias, cuando las puntuaciones máximas son 549 (Taipei), 556 (Corea) y 563 (Finlandia) y las mínimas 311, 285 y 322 respectivamente de Kirguistán. No es para tirar cohetes, pero tampoco es un desastre absoluto como algunos pretenden hacer ver.

Pero si tenemos en cuenta el nivel socioeconómico del alumnado, nos encontramos con las siguientes sorpresas:

1.- Los alumnos españoles que pertenecen a familias con los índices sociales, económicos y culturales más bajos obtienen mejores resultados que los de sus homólogos de la OCDE.

2.- Si todos los países y regiones participantes en la muestra tuvieran un índice social, económico y cultural similar, España y todas las comunidades autónomas mejorarían su puntuación.

Por otra parte, el informe demuestra cuantitativamente que el entorno cultural de los alumnos es el factor más influyente en los resultados, puesto que las puntuaciones de los alumnos cuyos padres no han finalizado los estudios obligatorios son 85 puntos inferiores a las de aquellos cuyos padres tienen estudios universitarios. Esta diferencia se eleva a 135 puntos entre los alumnos españoles en cuyos hogares hay de 0 a 10 libros y aquellos en los que hay más de 500, y el 7% del alumnado matriculado en los centros españoles ha nacido fuera de España y su puntuación es 55 puntos inferior a la de sus compañeros nativos.

Estos resultados desmontan la teoría del desastre: nuestro sistema educativo es inclusivo, no excluyente como añoran algunos, y pese a eso los resultados no son particularmente malos. Otra falacia que desmiente es la pretendida superioridad de los centros privados, puesto que si bien la diferencia de resultados medios de España por tipo de centros favorece a los privados en 38 puntos, pero si se restan los efectos del índice social, económico y cultural sobre los resultados de sus respectivos alumnos, las diferencias entre unos centros y otros no son estadísticamente significativas.

Esto quiere decir que nuestro sistema educativo, aunque evidentemente mejorable, cumple aceptablemente su función. Este nivel educativo así evaluado se corresponde significativamente con el del país. Un sistema excluyente posiblemente mejoraría los resultados de la población escolarizada a costa de empeorar el nivel educativo de los no escolarizados con lo que el balance global sería significativamente peor, además de más injusto.

Informe PISA