Recomiendo una atenta lectura de la intervención del ministro de Educación, Cultura y Deportes ante la comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados.
El nuevo ministro de Educación ha desvelado que el gran cáncer que corroe a la Educación española no es sino el excesivo gasto en la Educación pública, ya que "El gasto en la educación pública ha pasado de representar el 1,8 por ciento del producto interior bruto en 1975 al 4,7 por ciento en 2008". Un dinero que está dilapidado para el Partido Popular, al tratarse de un "gasto"y no de una inversión.
El hecho de que, según él mismo, "La tasa de escolarización a los 3 años ha pasado del 15 por ciento en 1975 al 99 por ciento en 2009. La tasa de escolarización a los 16 años ha pasado del 41 por ciento en 1975 al 94 por ciento en 2009. La ratio alumnos/profesor ha pasado de 24 en 1975 a 11 en 2009. El número de centros públicos en secundaria ha pasado de 1.127 en 1975 a 3.936 en 2009" debe ser irrelevante.
Menos mal que reconoce que "Lo que ha sucedido estos años, señorías, es que se han centrado los esfuerzos en dotar al sistema de muchos recursos para compensar el desequilibrio de partida de la educación española en relación con los países de nuestro entorno". Lo cual, según las palabras del ministro, se trata de un gasto.
Pese a esto, tiene la desfachatez de afirmar que "la educación pública ha dejado de contribuir a la promoción social". Según él parece que esta labor ha quedado circunscrita a los colegios privados. En este contexto, asusta la forma en que este gobierno va a poner en práctica que "La igualdad de oportunidades también significa para este Gobierno que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades educativas, con independencia de su lugar de residencia".
También produce escalofríos pensar cómo se va a solucionar el "abandono (escolar) del 28,4 por ciento" promoviendo "valores como el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor", que no es que no sean importantes pero no parece que vayan a evitar que ningún alumno abandone prematuramente el sistema educativo.
No hay nada que objetar en cuanto al fomento de la cultura de la evaluación, pero no hace falta ser adivino para saber en qué se va a convertir el hecho de que "también las familias reclaman este tipo de información (los resultados de la evaluación), porque sin la misma es muy difícil que puedan ejercer de forma eficiente la libertad de elección de centro que les reconoce la Constitución".
La solución de los problemas educativos, que evidentemente existen, no parece pasar tampoco ahora para el Partido Popular por el acuerdo, como se puso de manifiesto la pasada legislatura en los denodados esfuerzos del ministro Gabilondo en alcanzar el pacto educativo, y se quedan en un tímido "llamamiento" y a manifestar "voluntad de entendimiento".
Estos demoledores ataques a la enseñanza pública han quedado intencionadamente escondidos detrás de la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, una concesión a los sectores más reaccionarios de la sociedad española, y del cambio de nombre del 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria, que merece un análisis más profundo.
Intervención completa del ministro.
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