Las imágenes de Franco entrando bajo palio en las catedrales y los obispos saludando con el brazo en alto son en blanco y negro. Eso quiere decir para buena parte de la sociedad que eran acontecimientos que sucedían en esa nebulosa época denominada "tiempos de Franco", en la que parece ser que poca gente tiene interés. Los mayores (muchos) porque la recuerdan como una ápoca dura, de hambre física y de ruina moral y los jóvenes, porque no tienen suficiente imaginación para hacerse una idea de algo que no han conocido y que está muy alejado afortunadamente de su realidad cotidiana.
Pero esas imágenes sólo serían anécdotas si no representaran un símbolo de la íntima unión del poder político y del religioso, hasta el punto de que ambos eran uno. Era la época del nacional catolicismo.
El último vuelco electoral ha incremetado, si cabe, las presiones de ese sector de la sociedad que tiene verdadero pánico a la libertad, particularmente a la libertad de los demás. Ahora tienen la seguridad de encontrar en el gobierno una acogida mucho más cálida, como ya se ha demostrado.
Ya conseguida la eliminación de la peligrosísima y adoctrinadora Educación para la Ciudadanía, han puesto sus ojos en otra no menos licenciosa, como la de "Ciencias para el Mundo Contemporáneo". Ignoro qué pueden considerar adoctrinamiento estos sectores tan próximos a la Iglesia, una de las mayores organizaciones adoctrinadoras del mundo.
Cabe recordar que una institución tan poco sospechosa de izquierdismo como el Tribunal Supremo no ha visto trazos de esa peligrosidad y ha sentenciado tanto contra la objeción de conciencia como contra las triquiñuelas del gobierno de ese gran líder y amigo del alma valenciano. Pero al parecer no ha sido suficiente.
Por si fuera poco, las presiones de esos sectores minoritarios pero influyentes (ahora más) vienen acompañadas por las de altos representantes de la institución eclesial. El obispo de Málaga, por ejemplo, tras saludar la desaparición de la nefasta asignatura va directamente al grano: hay que dar más dinero a los colegios concertados y hay que dar más "libertad" a las familias para que "elijan" centro educativo, católico por supuesto y gratis obviamente.
Capítulo aparte merecen las consideraciones por las cuales las familias "eligen" estos centros, que en buena medida distan de ser religiosas, como ellos mismos afirman.
Pequeños detalles como que el alumnado que va a sus centros no es el mismo que acude a los públicos ni que los colegios privados estén situados en los grandes núcleos de población donde por consiguiente son más rentables carecen al parecer de importancia.Oir la palabra "discriminación" en boca de estos personajes me ha hecho acudir rápidamente al diccionario.
Pero el arzobispo de Granada no se ha quedado atrás y en una homilía habla de que querer ser funcionario "es una enfermedad social" y arremete contra la cultura de "pueblo subsidiado" de la sociedad española. Obviamente no se refiere a los funcionarios religiosos ni a los suculentos subsidios obtenidos del Estado más allá del porcentaje voluntario del IRPF.
También los empresarios, para no ser menos, quieren dictar contenidos educativos, no vaya a ser que la imagen que se desprenda de ellos en los libros de texto no sea angelical y que el capitalismo no sea visto como una ideología igualitaria y liberadora.
Quienes han apoyado la victoria de la derecha en las últimas elecciones no han tardado en pasar factura ideológica intentando difuminar nuevamente la frontera entre el poder político y concepciones particulares y minoritarias de la religión.
Y esta es una cuenta que la sociedad española, y particularmente la parte que no es consciente de ello, va a estar pagando durante mucho tiempo. Nos acercamos al neoliberal catolicismo.
domingo, 26 de febrero de 2012
martes, 21 de febrero de 2012
La Educacion, a palos
Los sucesos que, sin exagerar, están conmoviendo al mundo desde Valencia son un paradigma de las cosas que nunca deberían haber sucedido.
Partimos del despropósito que supone el recorte de las inversiones en Educación Pública efectuado sin pudor por los mismos que reiteradamente a lo largo de los años han sido derrochadores a manos llenas de caudales públicos no sólo en fastos y festejos más o menos vistosos sino directamente en beneficio propio y de amigos del alma.
Más llama la atención que los que se rebelan son gentes a las que se fustiga con frecuencia por su pasividad y a los que se acusa de estar más atentos a las novedades de los videojuegos que a los devenires de la cosa pública. Han demostrado, sin embargo, que son capaces de reaccionar cuando ven que están en juego las cosas realmente importantes.
En este contexto es cuando se producen los hechos que nunca deberían haber ocurrido y que han vuelto a recordarnos, a los que ya tenemos algunos años, imágenes que creíamos que no volveríamos a ver en las calles de España.
Tras treinta años de democracia, y con no poco esfuezo, la ciudadanía ya no ve a la Policía como un organismo represor sino como garante de derechos, que es precisamente lo que debe ser en un Estado de Derecho y lo que ayer demostró no ser.
Hasta la mejor herramienta puede ser extremadamente peligrosa en manos de un tonto o simplemente si se usa para alguna tarea para la que no ha sido diseñada. La policía democrática no está concebida para reprimir sino para regular derechos, y, por supuesto, no para crear problemas mayores que los que se pretendía resolver.
¿Por qué alrededor de 150 policías, se supone que bien entrenados, son incapaces de controlar a, según las estimaciones más optimistas, 300 estudiantes de Secundaria? Nos podemos hacer una idea del heroismo del profesorado del nivel que trabaja en proporción de 1 a 30 o incluso 1 a 35.
La explicación es que la policía no fue a garantizar ni el derecho de manifestación ni el derecho de los ciudadanos a la libre circulación. Fue directamente con órdenes de amedrentar a los estudiantes para evitar que se extendiera el foco de contestación, como se ve, con un gran éxito.
Una desafortunada combinación de mandos policiales incompetentes y políticos incompetentes puede dar al traste en días con una imagen policial que ha costado treinta años alcanzar. Hasta el propio sindicato de la policía se ha dado cuenta.
domingo, 12 de febrero de 2012
Libertad ¿para quién?
Para la consecución de esos privilegios, o lo que es lo mismo, de su "libertad" vale cualquier recurso, sin renunciar a la mentira, porque para eso sí "el fin justifica los medios". Para la persecución de la corrupción, no.
Dando por hecho que la enseñanza privada es "mejor" que la pública (¿mejor en qué?, ¿en base a qué criterios objetivos?) y que por tanto es más demandada por las familias, se trata de que los colegios privados tengan todas las ventajas, siempre por supuesto en busca de la "libertad".
El último hallazgo será el proceso de escolarización que, en la Comunidad de Madrid, se van a eliminar conceptos tan antiguos e igualitarios como la proximidad al centro educativo o la mayoría de puntos por renta familiar porque, al parecer, concedían ventaja a algunas familias que quizás no tuvieran tanto derecho a elegir centro educativo para sus hijos.
Todo esto hará que, en la práctica, la mayoría de las familias tengan las mismas puntuaciones en todos los centros de la ciudad y ¿cómo se hará el desempate? ¿quién hará ese desempate?,¿ los propios colegios? ¿Y el transporte?
Todo esto, que ya sería aberrante por sí mismo, es más grave aún porque se sufraga con fondos públicos. Es decir, que estos neoliberales que son tan defensores de lo privado no tienen ningún escrúpulo en usar presupuestos pagados por todos en beneficio propio o de las clases sociales no precisamente desfavorecidas económicamente.
¿Este es el modelo que va a implantar la derecha en todo el país, incluyendo Andalucía si los andaluces no lo remedian?
domingo, 5 de febrero de 2012
Para el nuevo ministro, el problema de la Educación es la Educación pública
Recomiendo una atenta lectura de la intervención del ministro de Educación, Cultura y Deportes ante la comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados.
El nuevo ministro de Educación ha desvelado que el gran cáncer que corroe a la Educación española no es sino el excesivo gasto en la Educación pública, ya que "El gasto en la educación pública ha pasado de representar el 1,8 por ciento del producto interior bruto en 1975 al 4,7 por ciento en 2008". Un dinero que está dilapidado para el Partido Popular, al tratarse de un "gasto"y no de una inversión.
El hecho de que, según él mismo, "La tasa de escolarización a los 3 años ha pasado del 15 por ciento en 1975 al 99 por ciento en 2009. La tasa de escolarización a los 16 años ha pasado del 41 por ciento en 1975 al 94 por ciento en 2009. La ratio alumnos/profesor ha pasado de 24 en 1975 a 11 en 2009. El número de centros públicos en secundaria ha pasado de 1.127 en 1975 a 3.936 en 2009" debe ser irrelevante.
Menos mal que reconoce que "Lo que ha sucedido estos años, señorías, es que se han centrado los esfuerzos en dotar al sistema de muchos recursos para compensar el desequilibrio de partida de la educación española en relación con los países de nuestro entorno". Lo cual, según las palabras del ministro, se trata de un gasto.
Pese a esto, tiene la desfachatez de afirmar que "la educación pública ha dejado de contribuir a la promoción social". Según él parece que esta labor ha quedado circunscrita a los colegios privados. En este contexto, asusta la forma en que este gobierno va a poner en práctica que "La igualdad de oportunidades también significa para este Gobierno que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades educativas, con independencia de su lugar de residencia".
También produce escalofríos pensar cómo se va a solucionar el "abandono (escolar) del 28,4 por ciento" promoviendo "valores como el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor", que no es que no sean importantes pero no parece que vayan a evitar que ningún alumno abandone prematuramente el sistema educativo.
No hay nada que objetar en cuanto al fomento de la cultura de la evaluación, pero no hace falta ser adivino para saber en qué se va a convertir el hecho de que "también las familias reclaman este tipo de información (los resultados de la evaluación), porque sin la misma es muy difícil que puedan ejercer de forma eficiente la libertad de elección de centro que les reconoce la Constitución".
La solución de los problemas educativos, que evidentemente existen, no parece pasar tampoco ahora para el Partido Popular por el acuerdo, como se puso de manifiesto la pasada legislatura en los denodados esfuerzos del ministro Gabilondo en alcanzar el pacto educativo, y se quedan en un tímido "llamamiento" y a manifestar "voluntad de entendimiento".
Estos demoledores ataques a la enseñanza pública han quedado intencionadamente escondidos detrás de la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, una concesión a los sectores más reaccionarios de la sociedad española, y del cambio de nombre del 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria, que merece un análisis más profundo.
Intervención completa del ministro.
El nuevo ministro de Educación ha desvelado que el gran cáncer que corroe a la Educación española no es sino el excesivo gasto en la Educación pública, ya que "El gasto en la educación pública ha pasado de representar el 1,8 por ciento del producto interior bruto en 1975 al 4,7 por ciento en 2008". Un dinero que está dilapidado para el Partido Popular, al tratarse de un "gasto"y no de una inversión.
El hecho de que, según él mismo, "La tasa de escolarización a los 3 años ha pasado del 15 por ciento en 1975 al 99 por ciento en 2009. La tasa de escolarización a los 16 años ha pasado del 41 por ciento en 1975 al 94 por ciento en 2009. La ratio alumnos/profesor ha pasado de 24 en 1975 a 11 en 2009. El número de centros públicos en secundaria ha pasado de 1.127 en 1975 a 3.936 en 2009" debe ser irrelevante.
Menos mal que reconoce que "Lo que ha sucedido estos años, señorías, es que se han centrado los esfuerzos en dotar al sistema de muchos recursos para compensar el desequilibrio de partida de la educación española en relación con los países de nuestro entorno". Lo cual, según las palabras del ministro, se trata de un gasto.
Pese a esto, tiene la desfachatez de afirmar que "la educación pública ha dejado de contribuir a la promoción social". Según él parece que esta labor ha quedado circunscrita a los colegios privados. En este contexto, asusta la forma en que este gobierno va a poner en práctica que "La igualdad de oportunidades también significa para este Gobierno que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades educativas, con independencia de su lugar de residencia".
También produce escalofríos pensar cómo se va a solucionar el "abandono (escolar) del 28,4 por ciento" promoviendo "valores como el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor", que no es que no sean importantes pero no parece que vayan a evitar que ningún alumno abandone prematuramente el sistema educativo.
No hay nada que objetar en cuanto al fomento de la cultura de la evaluación, pero no hace falta ser adivino para saber en qué se va a convertir el hecho de que "también las familias reclaman este tipo de información (los resultados de la evaluación), porque sin la misma es muy difícil que puedan ejercer de forma eficiente la libertad de elección de centro que les reconoce la Constitución".
La solución de los problemas educativos, que evidentemente existen, no parece pasar tampoco ahora para el Partido Popular por el acuerdo, como se puso de manifiesto la pasada legislatura en los denodados esfuerzos del ministro Gabilondo en alcanzar el pacto educativo, y se quedan en un tímido "llamamiento" y a manifestar "voluntad de entendimiento".
Estos demoledores ataques a la enseñanza pública han quedado intencionadamente escondidos detrás de la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, una concesión a los sectores más reaccionarios de la sociedad española, y del cambio de nombre del 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria, que merece un análisis más profundo.
Intervención completa del ministro.
sábado, 4 de febrero de 2012
La involución educativa
Tras el triunfo electoral de la derecha en las pasadas elecciones ha llegado el momento de la involución social, al que la Educación por desgracia no va a ser ajena.
El deseo de cambio de una parte de la sociedad, motivado en su mayor parte por una crisis económica mejor o peor gestionada, va a tener - ya está teniendo - como efecto secundario unos retrocesos en los ámbitos sociales que van mucho más allá de los recortes económicos.
La supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, maldita para un colectivo reaccionario muy minoritario, no pasaría de ser una anécdota si no fuera porque para ello se han utilizado argumentos falsos. Tampoco es una sorpresa puesto que esas son las razones que se han esgrimido para atacarla durante toda su breve existencia. Parece que la Verdad no tiene una gran importancia para los sectores integristas católicos.
La pretendida "reforma educativa" va por el mismo camino. En lugar de discutir la esencia, esto es qué enseñar, cómo hacerlo, cuándo, a quién y para qué, nos encontramos que la solución de los males educativos del país parece ser cambiar el nombre a un curso presuntamente conflictivo, el 4º de E.S.O.
Esta medida podría parecer banal si no fuera porque esconde algo mucho más grave: la expulsión temprana del sistema educativo de un gran número de escolares. De hecho un gran número de alumnos que lleguen a 3º de E.S.O. con 16 años cumplidos van a abandonar el sistema con título o sin él, pero con un año menos de escolarización. Una curiosa manera de acabar con el abandono escolar temprano.
El aumento de los cursos de Bachillerato que podría ser discutible mediante la implantación de un Curso de Orientación (universitaria o vocacional) se sustituye de este modo por el recorte del periodo de escolarización de una parte no desdeñable del alumnado.
Los sindicatos docentes deberían meditar mucho antes de apoyar esta iniciativa porque va a suponer en la práctica la eliminación de un gran número de puestos de trabajo del profesorado que imparte clase en ese nivel, con lo que en la práctica se convierte en un recorte económico disfrazado de medida educativa.
Esto sin contar con los efectos que pudiera tener sobre los conciertos educativos con los centros privados y la consiguiente repercusión sobre la enseñanza pública.
Todo esto debería llamar a la reflexión de esa parte del electorado que votó por "echar a Zapatero", o que simplemente se quedó en su casa, sobre las consecuencias de esa actitud que, como se demuestra, van a ir más allá del castigo a un político o a un partido para convertirse en un puro y duro retroceso social.
El deseo de cambio de una parte de la sociedad, motivado en su mayor parte por una crisis económica mejor o peor gestionada, va a tener - ya está teniendo - como efecto secundario unos retrocesos en los ámbitos sociales que van mucho más allá de los recortes económicos.
La supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, maldita para un colectivo reaccionario muy minoritario, no pasaría de ser una anécdota si no fuera porque para ello se han utilizado argumentos falsos. Tampoco es una sorpresa puesto que esas son las razones que se han esgrimido para atacarla durante toda su breve existencia. Parece que la Verdad no tiene una gran importancia para los sectores integristas católicos.
La pretendida "reforma educativa" va por el mismo camino. En lugar de discutir la esencia, esto es qué enseñar, cómo hacerlo, cuándo, a quién y para qué, nos encontramos que la solución de los males educativos del país parece ser cambiar el nombre a un curso presuntamente conflictivo, el 4º de E.S.O.
Esta medida podría parecer banal si no fuera porque esconde algo mucho más grave: la expulsión temprana del sistema educativo de un gran número de escolares. De hecho un gran número de alumnos que lleguen a 3º de E.S.O. con 16 años cumplidos van a abandonar el sistema con título o sin él, pero con un año menos de escolarización. Una curiosa manera de acabar con el abandono escolar temprano.
El aumento de los cursos de Bachillerato que podría ser discutible mediante la implantación de un Curso de Orientación (universitaria o vocacional) se sustituye de este modo por el recorte del periodo de escolarización de una parte no desdeñable del alumnado.
Los sindicatos docentes deberían meditar mucho antes de apoyar esta iniciativa porque va a suponer en la práctica la eliminación de un gran número de puestos de trabajo del profesorado que imparte clase en ese nivel, con lo que en la práctica se convierte en un recorte económico disfrazado de medida educativa.
Esto sin contar con los efectos que pudiera tener sobre los conciertos educativos con los centros privados y la consiguiente repercusión sobre la enseñanza pública.
Todo esto debería llamar a la reflexión de esa parte del electorado que votó por "echar a Zapatero", o que simplemente se quedó en su casa, sobre las consecuencias de esa actitud que, como se demuestra, van a ir más allá del castigo a un político o a un partido para convertirse en un puro y duro retroceso social.
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