Era de esperar que tras la tormenta de las elecciones se impusiera una época de calma en las escuelas, pero en Andalucía no ha sido así. Ahora la trifulca viene a cuento del Plan de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares. Este plan forma parte del desarrollo de la Ley de Educación de Andalucía y está pactado con las centrales sindicales mayoritarias en el sector: CC.OO, UGT, ANPE y CSI-CSIF, de variada ideología por cierto.
Este plan se desarrolla mediante una orden de la Consejería de Educación, como no podía ser de otra manera, y exige que, para que un centro se acoja al plan se solicite por una mayoría de los dos tercios del claustro de profesores. Hasta aquí nada que llame particularmente la atención.
Lo que sí llama la atención son los argumentos utilizados en contra del Plan por una asociación profesional, no precisamente mayoritaria, que incluyen medias verdades, mentiras completas y manipulaciones varias.
La orden, por supuesto, no es perfecta. Se podría cuestionar su oportunidad, y sobre todo las prisas por ponerla en marcha, que, como se sabe, no son buenas consejeras. También se puede criticar que la evaluación del Plan, por lo menos al principio, recaiga sobre los directores de los centros educativos, con lo que pueda suponer de discrecionalidad por parte de estos. Pero esto no debe ser suficiente para descalificar globalmente el plan.
Pero habría que precisar algunos aspectos que parece que se están olvidando en el debate.
1º Se trata de un plan VOLUNTARIO para los centros y para los profesores. Si un profesor no quiere participar aunque su centro sí lo haga no pasa nada. Renuncia al incentivo económico y listo.
2º La convocatoria es anual. Si un año no hay mayoría suficiente, al año siguiente puede haberla.
3º En ningún sitio se dice que se trate de mejorar los RESULTADOS sino de mejorar los RENDIMIENTOS escolares. Confundir ambos términos es peligroso.
4º Se ha propalado el bulo de que los liberados sindicales ya están cobrando el incentivo económico. Esto no sólo es MENTIRA sino que de ser cierto sería DELITO DE PREVARICACIÓN y MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, al no estar sustentado en ninguna norma, y habría que DENUNCIARLO DIRECTAMENTE EN EL JUZGADO. Cosa que por supuesto, hasta ahora, NADIE HA HECHO.
5º Los claustros no han votado contra ninguna orden, puesto que las órdenes no se votan. Se aplican o se recurren. Los centros, soberanamente, han decidido participar, o no, en un Plan.
De todo lo que he visto y oído no he deducido en modo alguno que haya imposición, y mucho menos menosprecio hacia los profesionales. Al contrario. Supongo que en muchas empresas privadas los empleados estarían encantados si les preguntaran si querían participar en un programa de incentivos o no.
Si todo esto es así ¿por qué tanto ruido?
En otro artículo intentaré explicarlo.
Mientras tanto en los enlaces de más abajo hay suficiente información para hacerse una idea cabal del estado de la cuestión:
Documentos para el debate:
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/docupdf.aspx?d=4280&s=
http://www.aso-apia.org/docapia.php?doc=2819
http://www.diariosur.es/prensa/20080313/opinion/euros-obligatorios-20080313.html (Mención especial al último párrafo)
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