Supongo que este título no será sugerente para las personas que trabajan en las empresas privadas, en las que los incentivos por resultados son más o menos habituales. Se dirán. ¿Y qué, si es lo más normal del mundo? El empresario determina unos objetivos concretos que tiene que alcanzar la empresa y si se consiguen se cobra, y si no pues no. La idea supongo será que los empleados se aplican con más ahínco a trabajar si tienen a la vista un incentivo económico o de otro tipo.
Pero cuando esta estrategia se aplica a los empleados públicos se desatan toda clase de reticencias. Que si se trata de cobrar dos veces por hacer lo mismo, que si se trata de incentivar por algo que ya se da por supuesto, que si se trata de mercantilizar el trabajo de los funcionarios…
Todas estas objeciones se elevan de grado cuando nos referimos a un tipo concreto de empleados públicos que son los docentes. Desde hace tiempo muchos hemos pensado que unos de los problemas que aquejaban a la profesión docente, entre otros, eran la falta de perspectivas de promoción y la falta de incentivos por los objetivos alcanzados, difíciles de evaluar por otra parte, así como una cierta falta de reconocimiento social.
Ahora la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha creado un programa voluntario al que se pueden acoger los centros docentes públicos de la comunidad para mejorar los rendimientos escolares que incluye incentivos económicos. Cualquiera podría pensar que la medida sería acogida calurosamente, pero eso no parece haber sido así.
En este caso la empresa, que sería la Consejería de Educación, establece unos objetivos, que son mejorar el rendimiento de los escolares, y si el colegio o el instituto lo consigue, los profesores cobran un incentivo económico y si no, pues no.
Para comprobar si se alcanzan o no los resultados se ha elaborado un baremo que parte de la situación inicial del centro, sea la que sea, y esa posición inicial es la que se trata de mejorar. Y es el propio centro partiendo de su realidad el que adquiere el compromiso de mejora. Por tanto no habrá dos centros iguales, los "buenos" mejorarán algunos aspectos y los "malos" otros distintos, sin pretensión de uniformidad alguna.
El planteamiento parece positivo a priori, sin entrar a discutir si algún aspecto debe prevalecer sobre otro o no. No parece que pretenda ser la panacea de los males de la educación, ni por supuesto puede sustituir al compromiso de la administración y por tanto de la sociedad de seguir invirtiendo en infraestructuras, disminución de la ratio y demás medidas que mejoren la calidad de la enseñanza.
Pero está claro que es necesario asegurarse la implicación de los profesionales en cualquier proceso de mejora y que el incentivo económico puede ser tan válido como otro cualquiera.
Parece ser que algunos creen que los docentes debemos movernos exclusivamente por motivos altruistas, algo así como los curas y de alguna manera los militares. Por la satisfacción por el deber cumplido. Y si bien que el dinero no lo es todo, no está mal aunque sólo sea como reconocimiento más o menos simbólico por la labor realizada.
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