LA LOMCE o cómo crear nuevos problemas sin resolver los antiguos

Pocas leyes habrán tenido un recorrido tan accidentado como la mal llamada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. El anteproyecto ya ha sufrido al menos dos modificaciones, que se sepan, siempre al dictado de los numerosos grupos de presión que apoyan al gobierno.

No debe ser fácil conjugar los distintos intereses existentes en el ámbito educativo, por lo que el ejecutivo derechista es tan fiel a sus principios que si es necesario los cambia por otros nuevos.

Queda fuera de toda duda que la enseñanza en catalán en Cataluña no es ningún problema salvo para los medios de opinión – que no informativos – próximos al gobierno, lo mismo que tampoco lo era la Educación para la Ciudadanía cuya “objeción” fue enormemente minoritaria y desautorizada por las máximas instancias judiciales incluido el Tribunal Supremo.

Lo mismo puede decirse del anacronismo que supone que la religión gane peso en el sistema educativo por la vía falaz de contraponerla a otra asignatura “fuerte”, de tal forma que el alumnado se decante por la primera “voluntariamente”. Si la Conferencia Episcopal cree que va a luchar contra la “secularización” de la sociedad por esta vía es que el coeficiente intelectual de sus miembros no alcanza los niveles que se le presuponían. Una victoria completa para los prelados que precisamente han destacado en su lucha contra la Educación para la Ciudadanía acusándola de “adoctrinamiento”.

Tampoco parece que los conciertos educativos para financiar colegios privados con fondos públicos se encontraran en grave riesgo como para que fuera necesario garantizar su continuidad durante seis años en lugar de los cuatro actuales. A no ser que el verdadero objetivo consista en favorecer la entrada de grupos financieros en un sector donde van a florecer las expectativas de negocio. Por no hablar de la aberración anacrónica que supone mantener la educación segregada en centros sostenidos con fondos públicos basándose en argumentos pseudocientíficos.

Los principales problemas de la Educación en España, que existen, son qué hacer con el alumnado que no quiere estudiar, cómo combatir el fracaso escolar y el abandono temprano y cómo hacer confluir el mundo educativo con el empresarial sin que ello signifique abrir las puertas a un flujo constante de mano de obra barata. En definitiva qué hay que hacer para mejorar el nivel educativo general del país y para que todos los alumnos alcancen las máximas cotas educativas en función de sus capacidades sin dejar a nadie atrás y sin ahondar las diferencias, más allá de rankings más propios de las competiciones deportivas o de las listas de ventas de discos.

Sin embargo estos problemas no parecen preocupar ni a FAES ni a la Conferencia Episcopal y nos volvemos a encontrar, ante la sorprendente pasividad del profesorado que destaca sobremanera si la comparamos con la respuesta del sector sanitario ante reformas similares, con una nueva ocasión perdida.

Los niños con los niños y las niñas con las niñas es segregación

La separación por sexos en la escuela no puede justificarse en modo alguno por criterios pedagógicos y por tanto no puede considerarse de otra forma que segregación. Esta obviedad ha convivido hasta ahora con la aberrante subvención con fondos públicos de centros educativos que practicaban esta discriminación.

Y es que hay una parte de la sociedad española que se ha quedado atascada en los años 40 del siglo pasado. Una época que añoran pese a no haberla vivido en muchos casos, en la que reinaba la "seguridad" frente a la "incertidumbre" actual. Unos tiempos en los que no tendrías que preocuparte de opiniones políticas o de creencias religiosas siempre que opinaras y creyeras como Dios manda. Y de lo que Dios mandaba te mantenía puntualmente informado tanto el poder político como el religioso.

Esta continua mirada atrás es una actitud profundamente medrosa y cobarde que deriva fácilmente en posiciones antidemocráticas y de difícil encaje en la sociedad actual, pero no duda en utilizar los mecanismos del Estado de Derecho para hacer valer sus tesis o incluso imponerlas a la mayoría si tienen ocasión.

En esa añorada época reinaba la segregación a todos los niveles en la escuela, no sólo sexual, sino también económica. Recordemos por ejemplo los uniformes de distinto color para los alumnos "de pago" y para los becarios.

La subvención con fondos públicos de las subvenciones a la enseñanza segregada por sexos se ha mantenido hasta que ahora, por fin el Tribunal Supremo ha tenido a bien reconocer su ilegalidad. 

Como era de esperar, el inefable defensor de la ideología integrista Wert, cual muñeco de ventrílocuo, no ha tardado en salir en defensa de la discriminación sexualen los colegios aferrándose a la Convención de la Unesco relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960.

De la misma manera que en otras muchas ocasiones el ministro Wert lo único que ha conseguido es mostrar que esa Convención lo que necesita es una urgente revisión.

Requiem por la Educación para la Ciudadanía

Los sectores más integristas del conservadurismo católico, entre los que representa un papel destacado la Conferencia Episcopal española, se han apuntado un tanto con la desaparición de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de los centros educativos españoles.

No ha sido suficiente que el propio Tribunal Supremo afirmara que no había motivo para la objeción a la asignatura. Finalmente, la campaña orquestada por estos integristas, que no han dudado en utilizar mentiras, difamaciones y manipulaciones para atacarla, ha dado sus frutos ya que el gobierno actual es más sensible a las opiniones extremadamente minoritarias de estos sectores que a las de la mayoría.

No hay que olvidar que el ministro Wert ya usó citas falsas para justificar la eliminación de la asignatura puesto que “adoctrinaba” y ahora propone su sustitución por otra denominada Educación Cívica y Constitucional, que además sólo se impartiría en Educación Secundaria.

El cambio de denominación no debe hacer pensar que la materia anterior no fuera ni “cívica” ni “constitucional”. Lo que sí es cierto que se han suprimido los contenidos que podían haber molestado a estos sectores minoritarios, a pesar de ser ampliamente aceptados e incluso defendidos por la mayoría.

Es obvio que el integrismo católico no podía tolerar “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. También debe opinar que lleva a la disolución moral “el rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales” al tiempo que considera intolerable reflexionar sobre “la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza”.

Sin embargo, aunque postule el papel “de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”, este cambio  no resulta suficiente, al parecer, y el integrismo católico también considera adoctrinamiento la Educación Cívica y Constitucional por lo que piden también su supresión.

En realidad, esta falsa polémica muestra lo que por otra parte era evidente. Determinados sectores, muy minoritarios pero próximos al partido en el gobierno, no han asimilado aún la Constitución de 1978 y abominan de lo que representa. Y no van a dudar en imponer sus propios criterios morales al conjunto de la ciudadanía. Si nos dejamos.

No había otra forma de hacerlo

El programa Escuela 2.0 ha recibido muchas críticas y esto no es malo. Es lógico que cualquier medida ambiciosa suscite un debate en el que se reflejen diversas posturas, unas más interesadas que otras.

Lamentablemente muchas críticas - no todas - se formulan desde el desconocimiento profundo acerca de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, su importancia en la Educación, y no pocas desde la ignorancia acerca del hecho educativo. Por tanto no es de extrañar que muchos hayan respirado aliviados ahora que se certifica la defunción de dicho programa, por lo menos tal como lo conocemos.

Se ha criticado la falta de formación del profesorado para utilizar estos recursos, lo que significa no estimar mucho a dichos profesionales e ignorar las herramientas que utlizan, para cuyo uso no es necesario un nivel de conocimientos avanzado.

También se ha criticado la ausencia de recursos educativos adaptados, lo cual también significa ignorar los millones de recursos educativos disponibles libremente en la Red, sin olvidar el esfuerzo realizado por las editoriales para proporcionar materiales educativos digitales, con independencia de la consideración que se tenga hacia los libros de texto, sin tener en cuenta tampoco los innumerables materiales elaborados por los mismos docentes utilizando en muchas ocasiones recuros 2.0 también libres.

Asimismo se ha criticado el hecho de que los ordenadores estén equipados con Linux como sistema operativo, ignorando que cualquier otra opción, además de no proporcionar ventaja alguna, hubiera disparado los costes tanto de la adquisición de los equipos como de su mantenimiento.

Por último, se ha criticado su gratuidad, o por lo menos, que de alguna forma hubiera estado ligada esta gratuidad a los ingresos familiares. Esto hubiera sido simplemente imposible porque por una parte no se hubiera podido obligar a las familias a adquirir un tipo determinado de dispositivo, puesto que hubiera vulnerado las leyes de la competencia, y una multiplicidad de dispositivos, de diferentes características técnicas y sistemas operativos variados hubieran imposibilitado su uso efectivo en el aula.

Pero las consideraciones técnicas no deben hacernos olvidar que lo auténticamente importante, y por tanto lo que se va a perder, es una oportunidad de oro para que los docentes reflexionen acerca de la forma de dar clase. Posiblemente todo el mundo esté de acuerdo, salvo el gobierno y sus asesores, en que actualmente no es posible ni deseable impartir conocimientos como se hacía a mediados del siglo XIX.

Por último, y no menos importante, el programa Escuela 2.0 ha supuesto el único intento serio de abordar la llamada brecha digital, puesto que en muchos casos estos ordenadores han sido los primeros de los que han podido disponer muchas familias.

La introducción de la tecnología en las aulas es cara pero su rentabilidad, como todo en Educación, sólo se hubiera podido comprobar a largo plazo.

El tiempo dirá el auténtico coste que tienen los recortes que en estos momentos se están haciendo en Educación para "ahorrar" y que tendrán que asumir las generaciones futuras.

La educación no es una cadena de montaje

Este gobierno no sabe nada de Educación. Posiblemente tampoco de otros temas y, sobre economía, sus lecturas se limitan a algún breve manual sobre los Chicago boys y las autobiografías de Milton Friedman, Ronald Reagan y Margaret Teacher.

Por no hablar de la inanidad del presidente del gobierno, prueba de esa inconsistencia es un ministro de Hacienda que reconoce la magnitud del fraude fiscal y ni presenta un paquete de medidas para combatirlo ni dimite. O una ministra de Empleo a la que no se conoce trabajo alguno fuera de la política, o el mismo ministro de Educación, sociólogo pero que no es profeta de sí mismo, puesto que es de los peor valorados del Gobierno, lo que ya es decir. 

Se puede pensar que no es necesario que un ministro entienda de la materia que gobierna, siempre que sea un buen gestor y sepa rodearse de asesores compententes, lo que en vista de las evidencias tampoco parece ser el caso.

La última ocurrencia en Educación de este gobierno incompetente es convertir la Educación en una cadena de montaje, de tal forma que periódicamente existan controles de calidad y el producto defectuoso vuelva a la cadena o simplemente se deseche, pasando a otras cadenas de montaje de nivel inferior.

En eso consisten, ni más ni menos, esas "reválidas" que van a ser presentadas próximamente como las panaceas que van a solucionar todos los problemas del sistema educativo español. Del resultado de esos exámenes, el primero de los cuales se hará a los 12 años, que es una edad que todo el mundo sabe que es suficientemente madura, dependerá el futuro de los niños.

De las calificaciones obtenidas dependerá que los alumnos "mejores" sigan avanzando y que los "peores" queden "relegados" a la FP o a PCPI sin opción al título de Graduado a Secundaria. Curiosa forma de prestigiar la FP, también.

Pero no contento con esto, también se usarán para establecer categorías de centros educativos, los "buenos" y los "malos". Es obvio que los privados serán los mejores, puesto que ya se encargarán de no presentar a las pruebas a ningún alumno que no esté en condiciones de superarlas.

Saber cómo va a servir esta carrera de obstáculos para evitar el fracaso y el abandono escolar es algo que sólo debe estar al nivel de la inteligencia de ministros de Educación neoliberales.

El fin de la clase media

Tras las medidas de "ajuste" y todos los eufemismos que se quieran emplear se esconde ni más ni menos que el deseado, buscado y planificado fin de la clase media.

Todas las desequilibradas medidas tomadas por este gobierno sectario desde su llegada al poder están dirigidas a disminuir la influencia de las capas sociales medias y por supuesto bajas y a preservar a los grandes capitales especulativos.

La prueba es que el gobierno neoliberal no ha diseñado medida alguna para aflorar los ingentes capitales especulativos atesorados durante la burbuja inmobiliaria, causante en gran medida de la crisis económica. La ridícula “aministía fiscal” sería patética si no fuera por lo que supone de complicidad con los delincuentes fiscales.

No se ha tomado inguna medida para equilibrar el peso de la crisis entre las distintas capas sociales. Al contrario, se hace recaer toda la carga sobre desempleados, funcionarios, pequeños comperciantes, usuarios de los servicios públicos y beneficiarios de la ley de dependencia.

La reforma educativa, "mejora", según los eufemismos a los que tan aficionado es este gobierno, no pretende sino crear una gran masa sin cualificar y por tanto que jamás cobre más que el salario mínimo, en el mejor de los casos, un grupo de técnicos más o menos especializados y una pequeña élite de titulados superiores. 

Estas capas serín impermeables entre sí de tal forma que el origen socioeconómico determine la pertenencia a una o a otra y sólo en casos excepcionales sea posible la mejora social.

Ante este panorama lo más fácil es decir "los políticos...". Hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones, cadenas de correos electrónicos o mensajes en redes sociales. Si nos fijamos en las marionetas corremos el peligro de no ver a quienes mueven los hilos.

Y a todo esto las medidas de reactivación económica ni están ni se les esperan. ¿Para qué, si las leyes del mercado todo lo solucionan?

No desmontan el estado del bienestar sino destruyen el Estado

Según el credo neoliberal que profesan nuestros gobernantes y el entramado económico y mediático que lo sustenta, el Estado es el conjunto de todos los males que hay que combatir. Lo público, por definición, es malo y caro mientras que lo privado es siempre necesariamente mejor y más eficaz.

Poco importa que dichas creencias no estén sustentadas por la realidad y que lo público sea garantía de equidad y de igualdad de atención para todos los ciudadanos. Cualquier función que esté desempeñada por el Estado puede ser gestionada por una empresa privada que lo hará más barato.

Esto incluye por supuesto la Educación y la Sanidad, pero también abarca la seguridad, la vigilancia de las cárceles y cualquier otra tarea que se nos ocurra.

Es simplemente mentira que lo privado sea mejor. Una empresa privada tiene ánimo de lucro, como es lógico, y minimizar la inversión para maximizar el beneficio siempre irá contra la calidad del servicio. Pero un axioma es un axioma y por tanto ningún neoliberal lo va a poner en cuestión.

Por tanto, el Estado es el enemigo a batir, y su cara visible, los empleados públicos, el principal de los problemas, siendo los funcionarios el peor de todos. Al fin y al cabo, los laborales e interinos no suponen un incoveniente serio porque es fácil prescindir de ellos.

El gran pecado de los funcionarios, además de haber alcanzado un envidiable puesto de trabajo en régimen de concurrencia competitiva, esto es, en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, lo cual es en sí mismo intolerable, es no depender de los entramados económicos y sociales. En el Registro Civil, por ejemplo, se inscribe lo mismo el hijo de un albañil que el de un especulador financiero, y eso no puede ser.

Es posible que haya nepotismo pero su incidencia es infinitamente menor que en la empresa privada, donde es lo habitual.

Los empleados de los servicios básicos, en especial, son garantes de equidad y solidaridad pero para la derecha neoliberal conceptos como estos resultan abstrusos, algo así como el bosón de Higgs. Son algo que debe existir pero resultan incomprensibles y por tanto carecen de valor.