Los sectores más integristas del conservadurismo católico,
entre los que representa un papel destacado la Conferencia Episcopal española,
se han apuntado un tanto con la desaparición de la asignatura Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos de los centros educativos españoles.
No ha sido suficiente que el propio Tribunal Supremo
afirmara que no había motivo para la objeción a la asignatura. Finalmente, la campaña orquestada por estos integristas, que no han dudado en utilizar
mentiras, difamaciones y manipulaciones para atacarla, ha dado sus frutos ya
que el gobierno actual es más sensible a las opiniones extremadamente
minoritarias de estos sectores que a las de la mayoría.
No hay que olvidar que el ministro Wert ya usó citas falsas
para justificar la eliminación de la asignatura puesto que “adoctrinaba” y ahora propone su sustitución por otra denominada Educación Cívica y
Constitucional, que además sólo se impartiría en Educación Secundaria.
El cambio de denominación no debe hacer pensar que la
materia anterior no fuera ni “cívica” ni “constitucional”. Lo que sí es cierto
que se han suprimido los contenidos que podían haber molestado a estos sectores
minoritarios, a pesar de ser ampliamente aceptados e incluso defendidos por la
mayoría.
Es obvio que el integrismo católico no podía tolerar “la
valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los
prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. También
debe opinar que lleva a la disolución moral “el rechazo de las discriminaciones
provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales” al tiempo
que considera intolerable reflexionar sobre “la falta de acceso a la educación
como fuente de pobreza”.
Sin embargo, aunque postule el papel “de la iniciativa
económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu
emprendedor”, este cambio no resulta
suficiente, al parecer, y el integrismo católico también considera
adoctrinamiento la Educación Cívica y Constitucional por lo que piden también
su supresión.
En realidad, esta falsa polémica muestra lo que por otra
parte era evidente. Determinados sectores, muy minoritarios pero próximos al
partido en el gobierno, no han asimilado aún la Constitución de 1978 y abominan
de lo que representa. Y no van a dudar en imponer sus propios criterios morales
al conjunto de la ciudadanía. Si nos dejamos.
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