LA LOMCE o cómo crear nuevos problemas sin resolver los antiguos

Pocas leyes habrán tenido un recorrido tan accidentado como la mal llamada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. El anteproyecto ya ha sufrido al menos dos modificaciones, que se sepan, siempre al dictado de los numerosos grupos de presión que apoyan al gobierno.

No debe ser fácil conjugar los distintos intereses existentes en el ámbito educativo, por lo que el ejecutivo derechista es tan fiel a sus principios que si es necesario los cambia por otros nuevos.

Queda fuera de toda duda que la enseñanza en catalán en Cataluña no es ningún problema salvo para los medios de opinión – que no informativos – próximos al gobierno, lo mismo que tampoco lo era la Educación para la Ciudadanía cuya “objeción” fue enormemente minoritaria y desautorizada por las máximas instancias judiciales incluido el Tribunal Supremo.

Lo mismo puede decirse del anacronismo que supone que la religión gane peso en el sistema educativo por la vía falaz de contraponerla a otra asignatura “fuerte”, de tal forma que el alumnado se decante por la primera “voluntariamente”. Si la Conferencia Episcopal cree que va a luchar contra la “secularización” de la sociedad por esta vía es que el coeficiente intelectual de sus miembros no alcanza los niveles que se le presuponían. Una victoria completa para los prelados que precisamente han destacado en su lucha contra la Educación para la Ciudadanía acusándola de “adoctrinamiento”.

Tampoco parece que los conciertos educativos para financiar colegios privados con fondos públicos se encontraran en grave riesgo como para que fuera necesario garantizar su continuidad durante seis años en lugar de los cuatro actuales. A no ser que el verdadero objetivo consista en favorecer la entrada de grupos financieros en un sector donde van a florecer las expectativas de negocio. Por no hablar de la aberración anacrónica que supone mantener la educación segregada en centros sostenidos con fondos públicos basándose en argumentos pseudocientíficos.

Los principales problemas de la Educación en España, que existen, son qué hacer con el alumnado que no quiere estudiar, cómo combatir el fracaso escolar y el abandono temprano y cómo hacer confluir el mundo educativo con el empresarial sin que ello signifique abrir las puertas a un flujo constante de mano de obra barata. En definitiva qué hay que hacer para mejorar el nivel educativo general del país y para que todos los alumnos alcancen las máximas cotas educativas en función de sus capacidades sin dejar a nadie atrás y sin ahondar las diferencias, más allá de rankings más propios de las competiciones deportivas o de las listas de ventas de discos.

Sin embargo estos problemas no parecen preocupar ni a FAES ni a la Conferencia Episcopal y nos volvemos a encontrar, ante la sorprendente pasividad del profesorado que destaca sobremanera si la comparamos con la respuesta del sector sanitario ante reformas similares, con una nueva ocasión perdida.

Los niños con los niños y las niñas con las niñas es segregación

La separación por sexos en la escuela no puede justificarse en modo alguno por criterios pedagógicos y por tanto no puede considerarse de otra forma que segregación. Esta obviedad ha convivido hasta ahora con la aberrante subvención con fondos públicos de centros educativos que practicaban esta discriminación.

Y es que hay una parte de la sociedad española que se ha quedado atascada en los años 40 del siglo pasado. Una época que añoran pese a no haberla vivido en muchos casos, en la que reinaba la "seguridad" frente a la "incertidumbre" actual. Unos tiempos en los que no tendrías que preocuparte de opiniones políticas o de creencias religiosas siempre que opinaras y creyeras como Dios manda. Y de lo que Dios mandaba te mantenía puntualmente informado tanto el poder político como el religioso.

Esta continua mirada atrás es una actitud profundamente medrosa y cobarde que deriva fácilmente en posiciones antidemocráticas y de difícil encaje en la sociedad actual, pero no duda en utilizar los mecanismos del Estado de Derecho para hacer valer sus tesis o incluso imponerlas a la mayoría si tienen ocasión.

En esa añorada época reinaba la segregación a todos los niveles en la escuela, no sólo sexual, sino también económica. Recordemos por ejemplo los uniformes de distinto color para los alumnos "de pago" y para los becarios.

La subvención con fondos públicos de las subvenciones a la enseñanza segregada por sexos se ha mantenido hasta que ahora, por fin el Tribunal Supremo ha tenido a bien reconocer su ilegalidad. 

Como era de esperar, el inefable defensor de la ideología integrista Wert, cual muñeco de ventrílocuo, no ha tardado en salir en defensa de la discriminación sexualen los colegios aferrándose a la Convención de la Unesco relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960.

De la misma manera que en otras muchas ocasiones el ministro Wert lo único que ha conseguido es mostrar que esa Convención lo que necesita es una urgente revisión.

Requiem por la Educación para la Ciudadanía

Los sectores más integristas del conservadurismo católico, entre los que representa un papel destacado la Conferencia Episcopal española, se han apuntado un tanto con la desaparición de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de los centros educativos españoles.

No ha sido suficiente que el propio Tribunal Supremo afirmara que no había motivo para la objeción a la asignatura. Finalmente, la campaña orquestada por estos integristas, que no han dudado en utilizar mentiras, difamaciones y manipulaciones para atacarla, ha dado sus frutos ya que el gobierno actual es más sensible a las opiniones extremadamente minoritarias de estos sectores que a las de la mayoría.

No hay que olvidar que el ministro Wert ya usó citas falsas para justificar la eliminación de la asignatura puesto que “adoctrinaba” y ahora propone su sustitución por otra denominada Educación Cívica y Constitucional, que además sólo se impartiría en Educación Secundaria.

El cambio de denominación no debe hacer pensar que la materia anterior no fuera ni “cívica” ni “constitucional”. Lo que sí es cierto que se han suprimido los contenidos que podían haber molestado a estos sectores minoritarios, a pesar de ser ampliamente aceptados e incluso defendidos por la mayoría.

Es obvio que el integrismo católico no podía tolerar “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. También debe opinar que lleva a la disolución moral “el rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales” al tiempo que considera intolerable reflexionar sobre “la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza”.

Sin embargo, aunque postule el papel “de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”, este cambio  no resulta suficiente, al parecer, y el integrismo católico también considera adoctrinamiento la Educación Cívica y Constitucional por lo que piden también su supresión.

En realidad, esta falsa polémica muestra lo que por otra parte era evidente. Determinados sectores, muy minoritarios pero próximos al partido en el gobierno, no han asimilado aún la Constitución de 1978 y abominan de lo que representa. Y no van a dudar en imponer sus propios criterios morales al conjunto de la ciudadanía. Si nos dejamos.

No había otra forma de hacerlo

El programa Escuela 2.0 ha recibido muchas críticas y esto no es malo. Es lógico que cualquier medida ambiciosa suscite un debate en el que se reflejen diversas posturas, unas más interesadas que otras.

Lamentablemente muchas críticas - no todas - se formulan desde el desconocimiento profundo acerca de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, su importancia en la Educación, y no pocas desde la ignorancia acerca del hecho educativo. Por tanto no es de extrañar que muchos hayan respirado aliviados ahora que se certifica la defunción de dicho programa, por lo menos tal como lo conocemos.

Se ha criticado la falta de formación del profesorado para utilizar estos recursos, lo que significa no estimar mucho a dichos profesionales e ignorar las herramientas que utlizan, para cuyo uso no es necesario un nivel de conocimientos avanzado.

También se ha criticado la ausencia de recursos educativos adaptados, lo cual también significa ignorar los millones de recursos educativos disponibles libremente en la Red, sin olvidar el esfuerzo realizado por las editoriales para proporcionar materiales educativos digitales, con independencia de la consideración que se tenga hacia los libros de texto, sin tener en cuenta tampoco los innumerables materiales elaborados por los mismos docentes utilizando en muchas ocasiones recuros 2.0 también libres.

Asimismo se ha criticado el hecho de que los ordenadores estén equipados con Linux como sistema operativo, ignorando que cualquier otra opción, además de no proporcionar ventaja alguna, hubiera disparado los costes tanto de la adquisición de los equipos como de su mantenimiento.

Por último, se ha criticado su gratuidad, o por lo menos, que de alguna forma hubiera estado ligada esta gratuidad a los ingresos familiares. Esto hubiera sido simplemente imposible porque por una parte no se hubiera podido obligar a las familias a adquirir un tipo determinado de dispositivo, puesto que hubiera vulnerado las leyes de la competencia, y una multiplicidad de dispositivos, de diferentes características técnicas y sistemas operativos variados hubieran imposibilitado su uso efectivo en el aula.

Pero las consideraciones técnicas no deben hacernos olvidar que lo auténticamente importante, y por tanto lo que se va a perder, es una oportunidad de oro para que los docentes reflexionen acerca de la forma de dar clase. Posiblemente todo el mundo esté de acuerdo, salvo el gobierno y sus asesores, en que actualmente no es posible ni deseable impartir conocimientos como se hacía a mediados del siglo XIX.

Por último, y no menos importante, el programa Escuela 2.0 ha supuesto el único intento serio de abordar la llamada brecha digital, puesto que en muchos casos estos ordenadores han sido los primeros de los que han podido disponer muchas familias.

La introducción de la tecnología en las aulas es cara pero su rentabilidad, como todo en Educación, sólo se hubiera podido comprobar a largo plazo.

El tiempo dirá el auténtico coste que tienen los recortes que en estos momentos se están haciendo en Educación para "ahorrar" y que tendrán que asumir las generaciones futuras.

La educación no es una cadena de montaje

Este gobierno no sabe nada de Educación. Posiblemente tampoco de otros temas y, sobre economía, sus lecturas se limitan a algún breve manual sobre los Chicago boys y las autobiografías de Milton Friedman, Ronald Reagan y Margaret Teacher.

Por no hablar de la inanidad del presidente del gobierno, prueba de esa inconsistencia es un ministro de Hacienda que reconoce la magnitud del fraude fiscal y ni presenta un paquete de medidas para combatirlo ni dimite. O una ministra de Empleo a la que no se conoce trabajo alguno fuera de la política, o el mismo ministro de Educación, sociólogo pero que no es profeta de sí mismo, puesto que es de los peor valorados del Gobierno, lo que ya es decir. 

Se puede pensar que no es necesario que un ministro entienda de la materia que gobierna, siempre que sea un buen gestor y sepa rodearse de asesores compententes, lo que en vista de las evidencias tampoco parece ser el caso.

La última ocurrencia en Educación de este gobierno incompetente es convertir la Educación en una cadena de montaje, de tal forma que periódicamente existan controles de calidad y el producto defectuoso vuelva a la cadena o simplemente se deseche, pasando a otras cadenas de montaje de nivel inferior.

En eso consisten, ni más ni menos, esas "reválidas" que van a ser presentadas próximamente como las panaceas que van a solucionar todos los problemas del sistema educativo español. Del resultado de esos exámenes, el primero de los cuales se hará a los 12 años, que es una edad que todo el mundo sabe que es suficientemente madura, dependerá el futuro de los niños.

De las calificaciones obtenidas dependerá que los alumnos "mejores" sigan avanzando y que los "peores" queden "relegados" a la FP o a PCPI sin opción al título de Graduado a Secundaria. Curiosa forma de prestigiar la FP, también.

Pero no contento con esto, también se usarán para establecer categorías de centros educativos, los "buenos" y los "malos". Es obvio que los privados serán los mejores, puesto que ya se encargarán de no presentar a las pruebas a ningún alumno que no esté en condiciones de superarlas.

Saber cómo va a servir esta carrera de obstáculos para evitar el fracaso y el abandono escolar es algo que sólo debe estar al nivel de la inteligencia de ministros de Educación neoliberales.

El fin de la clase media

Tras las medidas de "ajuste" y todos los eufemismos que se quieran emplear se esconde ni más ni menos que el deseado, buscado y planificado fin de la clase media.

Todas las desequilibradas medidas tomadas por este gobierno sectario desde su llegada al poder están dirigidas a disminuir la influencia de las capas sociales medias y por supuesto bajas y a preservar a los grandes capitales especulativos.

La prueba es que el gobierno neoliberal no ha diseñado medida alguna para aflorar los ingentes capitales especulativos atesorados durante la burbuja inmobiliaria, causante en gran medida de la crisis económica. La ridícula “aministía fiscal” sería patética si no fuera por lo que supone de complicidad con los delincuentes fiscales.

No se ha tomado inguna medida para equilibrar el peso de la crisis entre las distintas capas sociales. Al contrario, se hace recaer toda la carga sobre desempleados, funcionarios, pequeños comperciantes, usuarios de los servicios públicos y beneficiarios de la ley de dependencia.

La reforma educativa, "mejora", según los eufemismos a los que tan aficionado es este gobierno, no pretende sino crear una gran masa sin cualificar y por tanto que jamás cobre más que el salario mínimo, en el mejor de los casos, un grupo de técnicos más o menos especializados y una pequeña élite de titulados superiores. 

Estas capas serín impermeables entre sí de tal forma que el origen socioeconómico determine la pertenencia a una o a otra y sólo en casos excepcionales sea posible la mejora social.

Ante este panorama lo más fácil es decir "los políticos...". Hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones, cadenas de correos electrónicos o mensajes en redes sociales. Si nos fijamos en las marionetas corremos el peligro de no ver a quienes mueven los hilos.

Y a todo esto las medidas de reactivación económica ni están ni se les esperan. ¿Para qué, si las leyes del mercado todo lo solucionan?

No desmontan el estado del bienestar sino destruyen el Estado

Según el credo neoliberal que profesan nuestros gobernantes y el entramado económico y mediático que lo sustenta, el Estado es el conjunto de todos los males que hay que combatir. Lo público, por definición, es malo y caro mientras que lo privado es siempre necesariamente mejor y más eficaz.

Poco importa que dichas creencias no estén sustentadas por la realidad y que lo público sea garantía de equidad y de igualdad de atención para todos los ciudadanos. Cualquier función que esté desempeñada por el Estado puede ser gestionada por una empresa privada que lo hará más barato.

Esto incluye por supuesto la Educación y la Sanidad, pero también abarca la seguridad, la vigilancia de las cárceles y cualquier otra tarea que se nos ocurra.

Es simplemente mentira que lo privado sea mejor. Una empresa privada tiene ánimo de lucro, como es lógico, y minimizar la inversión para maximizar el beneficio siempre irá contra la calidad del servicio. Pero un axioma es un axioma y por tanto ningún neoliberal lo va a poner en cuestión.

Por tanto, el Estado es el enemigo a batir, y su cara visible, los empleados públicos, el principal de los problemas, siendo los funcionarios el peor de todos. Al fin y al cabo, los laborales e interinos no suponen un incoveniente serio porque es fácil prescindir de ellos.

El gran pecado de los funcionarios, además de haber alcanzado un envidiable puesto de trabajo en régimen de concurrencia competitiva, esto es, en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, lo cual es en sí mismo intolerable, es no depender de los entramados económicos y sociales. En el Registro Civil, por ejemplo, se inscribe lo mismo el hijo de un albañil que el de un especulador financiero, y eso no puede ser.

Es posible que haya nepotismo pero su incidencia es infinitamente menor que en la empresa privada, donde es lo habitual.

Los empleados de los servicios básicos, en especial, son garantes de equidad y solidaridad pero para la derecha neoliberal conceptos como estos resultan abstrusos, algo así como el bosón de Higgs. Son algo que debe existir pero resultan incomprensibles y por tanto carecen de valor.

Regreso al pasado

Que este gobierno es conservador es una obviedad. Pero que lo sea hasta el punto de pretender que el sistema educativo español vuelva a una situación anterior a 1970 traspasa todos los límites de lo razonable.

Si nadie lo remedia, y no parece probable dada la cómoda mayoría absoluta que el pueblo español les ha regalado, volverán las reválidas al final de cada nivel educativo, aunque podemos estar tranquilos, ya que no se llamarán "reválidas" sino Pruebas Objetivas para la Continuación Adecuada del Aprendizaje o cualquier estupidez similar.

Hay que recordar que la Ley General de Educación vino a sustituir en 1970 a la Ley de Bases y a la Ley de Instrucción Pública aprobadas el 17 de agosto de 1857 y el 9 de septiembre de 1857 respectivamente. ¡Hace más de 150 años!

Entondes ¿Qué interés puede tener recuperar unas pruebas que ya en en esa época - sí, todavía vivía el dictador - fueron suprimidas por ineficaces? 

La calidad de enseñanza no parece que se vaya a ver muy favorecida convirtiendo la Educación en una carrera de obstáculos, y no parece que aumentar la exigencia vaya a disminuir significativamente el fracaso escolar ni el abandono temprano.

Por tanto, el objetivo final no es otro que la segregación y fragmentación temprana del alumnado y primar más, si cabe, al que procede de los colegios privados, que nunca tendrá problemas para superarlas porque ya se encargarán de que no haya ningún alumno que no sea capaz de hacerlo. 

Los alumnos con dificultades de aprendizaje lógicamente estarán en la enseñanza pública, por lo que sus resultados serán peores proporcionando nuevos argumentos en su contra.

La sociedad española actual no es la fuertemente estratificada de mediados del siglo XIX, aunque algunos parecen sentir añoranza y pretenden evitar por todos los medios la permeabilidad social a través de la Educación. Por eso la Ensñanza pública es su peor enemigo.

Prestigiar la docencia

Desde hace tiempo hay una sensación relativamente extendida entre los docentes de que su profesión está desprestigiada, de que la sociedad no la valora suficientemente, en comparación con una época indeterminada en la que esto no era así. La misma palabra des-prestigio, sugiere algo que se tuvo y ya no.

La realidad es que este prestigio no ha existido nunca, es un mito, y la frase, vigente hasta no hace mucho tiempo, "pasas más hambre que un maestro de escuela" no parece que esconda una gran admiración.

Esta sensación de desprestigio está asociada a la del cambio del sistema educativo, el paso del la LGE a la LOGSE, y lleva a añorar los dorados tiempos del BUP en contraposición con los míseros de la ESO. Una añoranza idealizada, porque un buen número de docentes que la sienten no han impartido clase en el anterior sistema educativo y, es más, deben su puesto de trabajo al incremento de plantillas que requirió el aumento del periodo de escolarización obligatoria y por tanto del número de alumnos escolarizados. 

Ahora, a raiz del ataque que está sufriendo el conjunto de los trabajadores públicos en sus salarios, algunos profesores están pensando en una especie de"trabajo a reglamiento" consistente en no realizar las tareas a las que consideren que no están obligados como actividades complementarias, visitas o viajes.

Si esta actitud se generalizara sería un tremendo error. En principio porque serviría para que las familias, y en concreto la parte más sana de las mismas, las que verdaderamente se ocupan del progreso educativo de sus hijos se podrían en contra, perdiendo de este modo los profesores un apoyo fundamental. Por otra parte, lo peor de la sociedad, entre lo que se encuentra el partido que gobierna, convenientemente coreado por sus medios afines, se reafirmaría en sus tesis contra el profesorado de la enseñanza pública.

Porque tenemos que tener en cuenta que lo que se encuentra en riesgo, más allá del salario de los docentes, es el valor de la propia enseñanza pública.

Por tanto lo que hay que hacer es justo lo contrario; para prestigiar nuestra profesión tenemos que darle prestigio, y la única forma de hacerlo es trabajar bien y darlo a conocer. A todo el mundo, a las familias de nuestros alumnos y al conjunto de la sociedad. Nunca ha sido verdad que el buen paño se venda en el arca. El buen paño se apolilla en el arca y si lo queremos vender tendremos que sacarlo a la calle.

No podemos esperar reconocimiento social si no empezamos nosotros mismos por reconocer y valorar nuestro trabajo. Los comentarios negativos o críticos los debemos realizar en los foros y ante las personas adecuadas porque, fuera de ellos, lo único que conseguimos es dar razones a quienes nos atacan.

Por tanto tendremos que hacer bien nuestras tareas obligatorias y también las que no lo son, y difundirlas especificando claramente lo que hacemos por profesionalidad y sin obligación, utilizando si es necesario un código de colores. Porque el bien de nuestros alumnos es el prestigio de nuestra profesión.

Este gobierno engaña pero no es estúpido

Uno de los peores errores que se pueden cometer es infravalorar al adversario, y como tal se puede considerar a un gobierno que desde el primer momento de su andadura se ha mostrado como el mayor enemigo del mal llamado estado del bienestar, que mejor se debería denominar como estado de la justicia social.

Al final ha resultado que los brutales recortes realizados en las políticas sociales no han servido para calmar la voracidad de "los mercados". O lo que es lo mismo, que estos no se han dejado engañar cuando el gobierno español decía que estaba colocando parches porque en realidad sabían perfectamente que no lo estaba haciendo en el agujero verdadero.

Que los mercados no se caracterizan por su candidez debería ser conocido por personajes como el ministro de Guindos, en otro tiempo ejecutivo de Lehman Brothers, un banco de inversión que por otra parte tampoco era un ejemplo de buenas prácticas bancarias.

Entonces cabe pensar que el verdadero objetivo de los recortes no era equilibrar las cuentas públicas, como este gobierno ha repetido hasta la saciedad, puesto que en realidad estaban mucho menos desequilibradas que las de otros países y cuyo auténtico factor de riesgo no estaba en la deuda pública sino en la deuda de los bancos y en su falta de liquidez.

Por tanto la Educación, la Sanidad, los dependientes y las infraestructuras, y por tanto sus usuarios, que son de una forma u otra todos los españoles. están sufriendo sólo para cumplir unos preceptos económicos neoliberales para los cuales el bienestar de las personas es absolutamente indiferente.

Ahora falta por saber si estos 100.000 millones de euros que se inyectan a los bancos pero que vamos a pagar todos van a calmar la agresividad de los mercados financieros, si estos van decidir atacar otro país, como por ejemplo Italia, o van a intentar hacerse con una suculenta tajada de ese dinero, si no con su totalidad.

Pero es obvio que no será el gobierno quien nos lo aclare, aunque la palabra "confianza" sea la más repetida. Será para no hablar de la palabra "credibilidad".

Al ayuntamiento de Málaga le gustan los alumnos silenciosos

Quien lea esta noticia puede pensar que Málaga es una ciudad silenciosa, y que por tanto cualquier nivel de ruido por encima de la media debe llamar la atención. En ese caso supondría que la acción municipal en ese sentido sería implacable, alcanzando por tanto un elevado grado de disciplina en esta materia.

Del mismo modo, creería que las denuncias vecinales acerca de actividades ruidosas serían rápidamente atendidas por las autoridades municipales y por tanto atajadas con contundencia.

La realidad, sin embargo, no puede ser más distinta y como puede apreciarse sin mucho esfuerzo, Málaga es una ciudad bastante ruidosa y la tolerancia municipal con algunas actividades que generan un elevado nivel de ruido es manifiestamente evidente.

La noticia es más sorprendente aún si consideramos que la parcela sobre la que se asientan los colegios públicos es de titularidad municipal y que son los ayuntamientos los que determinan el uso educativo o residencial de un determinado suelo. Por tanto, es el ayuntamiento el responsable de decidir si los edificios están demasiado próximos o no.

Quizás para comprender la noticia fuera relevante tener en cuenta que el colegio en cuestión es un centro público ubicado en una zona residencial de alto nivel (o medio-alto). Como es sabido, los alumnos entre 3 y 12 años que acuden a los centros públicos son mucho más ruidosos que los que asisten a los privados, y por tanto es necesario un especial control acústico. 

También es conocido que las actividades en los colegios de Primaria tienen lugar frecuentemente a altas horas de la madrugada, aproximadamente entre las 7 y media de la mañana y las 8 de la tarde, periodo durante el cual el silencio predomina en las calles malagueñas. Por tanto resulta imprescindible limitar al máximo el uso por parte de la chiquillería de instalaciones como los patios de recreo y el gimnasio. Por la misma razón, los escolares de este colegio posiblemente sean los únicos que no tengan derecho a su fiesta de fin de curso.

Cabría preguntarse si el celo municipal y la sensibilidad vecinal hubieran sido los mismos de tratarse de un centro educativo privado, aunque posiblemente no hubiese sido necesario al ser estos silenciosos por definición.

Bien es cierto que el alcalde de la ciudad se ha apresurado a afirmar que "El tema está sobreseído" y que es obligación atender las demandas vecinales. Loable intención si fueran todas las demandas vecinales sobre temas análogos, al tiempo que podemos pensar que si no hubiera sido por el revuelo levantado el resultado del expediente hubiera sido otro.

Posiblemente el resultado hubiera sido más rápido si algún avispado responsable municipal hubiera constatado que se trataba de un colegio de Infantil y Primaria al que acuden diariamente algo más de 400 alumnos de menos de 12 años que, al contrario de lo que desearían algunos, no llevan mordaza.

¿Qué tenemos que hacer con el médico si el paciente no mejora?

Tenemos un paciente cuyos síntomas parecen graves y lógicamente llamamos al médico. Parece que se ha empachado y tiene algunos problemas de sobrepeso y de crecimiento. El médico pone gesto adusto y determina que es necesario amputarle un un pie. Como somos profanos creemos que no es buena idea pero aceptamos porque queremos lo mejor para el enfermo.

Como tras la operación no mejora, volvemos a llamar al médico, que nos dice, sin mucha convicción, que hay que amputar el otro, que no ha sido suficiente. Opinamos que si el paciente no se puede desplazar empeorará sin duda su calidad de vida, pero parece que no hay otra solución.

Al no experimentar mejoría alguna, y sí sufrir las secuelas de las dos amputaciones, ahora el médico nos dice que es imprescindible amputar una mano. En un exceso de optimismo podemos pensar que, al no poder comer tanto como antes es posible que se alivien los problemas de sobrepeso...

Así podemos continuar hasta que no haya más miembros que amputar. Es obvio que no va a haber mejoria y que el paciente se va a seguir depauperando progresivamente hasta casi morir de inanición.

En ese momento el médico nos sugiere que "a lo mejor" unos opulentos dioses lejanos e implacables que se llaman "Mercados Financieros" se van a apiadar del pobre enfermo y la van a enviar la curación en forma de una medicina que se llama "Confianza" y de la que sólo se es merecedor cuando se está a las puertas de la muerte por anorexia.

¿El médico es estúpido o incompetente? No, ni mucho menos. Sería un error pensar eso. Sabe exactamente lo que está haciendo. Lo que ocurre es que sus intereses no pasan por la salud del enfermo, sino por su defunción y su sustitución por un nuevo "modelo".

Un modelo basado en la "libertad para escoger", pero que sólo llegue a algunos. Justo los mismos que ahora, pero mejor. Sin veleidades igualitarias. Con ayudas para el que tenga, en forma por ejemplo de deducciones sobre el IRPF, pero nada para el que no tenga. Nada de despilfarrar el dinero en quien no sabe agradecerlo suficientemente.

Una educación de "élite" para algunos, pero pagada por todos y nicho de negocio para avispados empresarios, para los que se lo puedan permitir y para eso se lo merecen, y que el resto se adapte como pueda a a la nueva realidad, porque los tiempos son duros.

Pero no son igual de duros para todos.

El gobierno del Partido Popular pretende ahogar la Enseñanza Pública

Como estaba anunciado, el gobierno español ha perpetrado sin vacilación alguna el mayor atentado contra la Educación conocido hasta el momento.

Tras unas torpes excusas que pretende esconder detrás de los patéticos eufemismos “reformas” o “ajustes” el gobierno deja traslucir su completa ausencia de modelo educativo, que sustituye por otro ideológico y economicista.

Desde hace años los ideólogos de la derecha, convenientemente arropados por FERE, CECE y CONCAPA y jaleados por los medios de comunicación afines, que son casi todos, han dibujado un panorama apocalíptico de la Educación, particularmente de la pública, tan sólo paliada por las bondades de la privada, y en especial si está sostenida por fondos públicos.

Cuando ya por fin la derecha ocupa el poder casi en todas las instituciones del Estado, las primeras medidas no van en el sentido de combatir las lacras denunciadas, como el abandono escolar temprano, el fracaso escolar o el bajo nivel educativo general, sino justo en el contrario.

Que haya más alumnos en el aula se va a traducir, como puede reconocer hasta un espectador de Intereconomía, en una menor atención individual de los mismos. Más horas de clase por profesor va a suponer menos tiempo dedicado a otras actividades no menos importantes, como por ejemplo la formación, y en muchos casos, que los docentes tengan que impartir materias distintas a la suya propia.

Y respecto a la Formación Profesional también indignante el recorte en los ciclos formativos de mayor calidad, precisamente los más necesarios en estos momentos.

Pero estas medidas, que afectan en exclusiva a la enseñanza pública van mucho más allá de un ahorro económico a corto plazo como se quiere hacer ver. Su última finalidad es conseguir su mayor degradación posible para que aparezca como única solución su progresivo desmantelamiento y su sustitución por la privada que además “es más barata”.

Justo después de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte haya suprimido el programa Educa3, que suponía el apoyo estatal a creación de puestos escolares en el Primer Ciclo de Educación Infantil, la Comunidad de Madrid, avanzadilla de estas políticas tantas veces, ya ha puesto en marcha, la Comunidad de Madrid acaba de aprobar "becas de cheques guardería para el curso 2012-2013" por valor de 34 millones de euros.

Se trata de "Ayudas para la escolarización de niños menores de tres años matriculados en centros privados, autorizados para impartir el primer ciclo de Educación Infantil, y que no estén sostenidos total o parcialmente con fondos públicos”.

Una vez más este gobierno pone de manifiesto que carece de un proyecto educativo que vaya más allá de favorecer a los centros educativos privados.

"Los mercados" condicionarán - también - la política educativa española

Cuando todavía está fresca la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado más restrictivos de la democracia el gobierno de derechas español se ha apresurado a anunciar un nuevo recorte de 10.000 millones de euros precisamente en Sanidad y Educación.

Hay que recordar que las promesas electorales del partido que ganó las elecciones indicaban justo lo contrario, lo que sirve para hacerse una idea de la catadura moral del mismo. Ha bastado un nuevo empujón de "los mercados", o lo que es lo mismo, de los especuladores financieros internacionales, para que el gobierno perpetre un ataque directo contra los pilares del Estado del bienestar.

Llama la atención la celeridad con la que se han diseñado estos recortes, cuya cuantía es aproximadamente la tercera parte de los ya anunciados y que supuestamente no están recogidos en los PGE, comparándola con la lentitud con la que se han elaborado estos, de tal forma que supuestamente no dió tiempo material a presentarlos antes de las pasadas elecciones andaluzas.

En este momento falta detallar qué gastos "superfluos" se van a eliminar de estas partidas y, sobre todo, algo mucho más importante como determinar de quién va a ser la culpa. Podemos esperar que sea de Zapatero, pero también puede ser del sistema educativo público o directamente de los profesores.

Lo peor es que posiblemente estos recortes tampoco sean suficientes para los especuladores. Quiero decir que seguirán apretando mientras obtengan beneficio de ello, sin límite alguno. Y el patriótico gobierno español seguirá anunciando, preferentemente en Alemania, nuevas concesiones mientras aplica a rajatabla y con compungimiento farisaico su catecismo neoliberal.

La Educación recortada

Por si todavía quedaba alguien con la candidez suficiente para creer en las declaraciones de este gobierno y en la ideología que lo sustenta han tenido que llegar los PGE para disipar cualquier duda. Una vez más se ha demostrado que los Presupuestos constituyen la auténtica prueba de las prioridades de un gobierno, aunque obviamente la culpa será siempre de Zapatero.

Tras proclamar a todos los vientos, una y otra vez, que “habrá recortes en todo menos en pensiones, educación y sanidad” hemos descubierto sin sorpresa que el presupuesto de Educación se recorta incluso más que la media de los ministerios. En concreto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sufrirán recortes del 21,2 y el 13,7 por ciento respectivamente.

En Educación se traduce en 3.088 millones de euros menos. La tijera ha entrado precisamente con más intensidad sobre una de las razones de ser del Ministerio de Educación, como son los Programas de Cooperación Interterritorial, y dentro de ellos, el programa Escuela 2.0 y Educa3.

Puesto que la mentira no entiende de grados, quien miente una vez miente siempre. Para suprimir el primero se aduce que "llenar de ordenadores las aulas no ha demostrado ser académicamente rentable" y añadiendo que hay estudios que confirman mejores resultados entre los alumnos que no trabajan con ordenador en clase que los que sí lo hacen. De todas formas esos informes deben ser el secreto mejor guardado del mundo ya que ni Wikileads ha conseguido acceder a ellos, a no ser que se trate de uno, también ignoto, pero patrocinado por esa institución tan imparcial y desinteresada que es la CECE.

Aplicando ese mismo razonamiento se podrían suprimir las clases de religión en los colegios, a las cuales por cierto se destina un presupuesto más generoso, ya que no se observa ninguna relación entre el alumnado que acude a ellas y en número de católicos practicantes, sino más bien al contrario.

Eso sí, ya que el anterior programa Escuela 2.0 fue puesto en marcha “sin una política clara ni coordinación”, ahora se prometen unos imprecisos “programas distintos de nuevas tecnologías, que no impliquen el reparto de ordenadores”. Se supone que será algo así como unas TIC contemplativas que sin duda tendrán un efecto decisivo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los rendimientos académicos.

Respecto a la Educación de 0 a 3 años, el magnífico equipo ¿educativo? al frente del cual está el tertuliano Wert ha decidido que se trata de “una etapa con un valor educativo menor, y que sólo responde a un carácter asistencial y de conciliación”, razón que pone de manifiesto su enorme altura intelectual y pedagógica.

Otro detalle sin importancia es que ya que hablamos sin parar de que hay que mejorar la Formación profesional, “se elimina casi todo el dinero que se daba a las comunidades autónomas para poner en marcha la recién creada plataforma de FP a distancia, que pretendía, entre otras cosas, facilitar también la reincorporación al sistema de personas que se pusieron a trabajar con poca formación”.

Respecto al problema del fracaso escolar podemos estar tranquilos porque los fondos destinados a combatirlo aumentan en 300.000 euros (si alguien tiene ganas puede comparar la cantidad con el sueldo de la secretaria general del PP), aunque para compensar la lucha contra el abandono temprano tendrá 1,1 millones menos que el año pasado.

Sin entrar en detalle en la política de becas, también recortada, se puede deducir fácilmente que, disfrazado de recortes económicos, nos encontramos con un Ministerio fuertemente ideologizado que no tiene entre sus principios favorecer la igualdad de oportunidades sino, al contrario, hacer que las diferencias sociales sean cada vez más acentuadas cercenando todas y cada una de las políticas que se pueden y se deben llevar a cabo en ese sentido desde la Educación.

Los recortes no son la vía para resolver los problemas, y si alguien tiene alguna duda que mire a Grecia.

La actualidad en el aula

Vivimos buenos tiempos para las matemáticas y otras asignaturas, así que propongo usar la actualidad en clase para motivar al alumnado.

Si el gobierno que elegimos-sufrimos quiere obtener 2.500 millones de euros de la amnistía fiscal por la vía de que tribute un 10 %, es que estima que pueden aflorar 25.000 millones. Si en vez que todos los españoles subvencionemos a los poseedores de este capital tributaran a un tipo medio del 40 %, que no es descabellado, la recaudación debería ascender a unos 10.000 millones, con lo que la rentabilidad del fraude alcanza los 7.500 millones de euros, sin contar los recargos y multas.

Por poner un ejemplo comparativo, el recorte que sufre la partida que se dedica a políticas activas de empleo, algo totalmente prescindible en estos tiempos como es obvio, asciende a 1.557 millones de euros.

 
Por hacernos una idea, los recortes de “los ministerios" ascienden a 27.300 millones. Entrecomillo “los ministerios” porque la información gubernamental siempre alude a las reducciones presupuestarias como si fueran los ministerios los afectados - cosa que a nadie le importa - y no las políticas que ejecutan, lo cual sí afecta directamente a todos los ciudadanos. No deja de ser una perversión del lenguaje digna de ser tratada en dicha asignatura.
 

Con todo, se podría pensar que si por lo menos se recuperan esos escasos 2.500 millones lo podíamos dar por bien empleado y pelillos a la mar, pero lo cierto es que el gobierno está lanzando el mensaje claro de que no tiene la más mínima intención de luchar contra el fraude, confiando en el patriotismo de los evasores.

Habida cuenta la ubicación exacta de la patria de estas personas, aunque la palabra España pronunciada con énfasis forme parte habitual de sus conversaciones, y que, volviendo a las matemáticas, un 0 % es mejor que un 10 % en materia tributaria podemos hacernos una idea aproximada de la cantidad que se va a recaudar finalmente.

Se podrá decir que el gobierno anterior también lo pensó, pero lo cierto es que al final no lo llevó a cabo. No es lo mismo pensar que hacer, y un gobierno tiene derecho a tener malas ideas pero bajo ningún concepto a ponerlas en práctica.

Lo peor, si cabe, es que se afianza aún más la idea de que el fraude fiscal, para el que se suelen buscar todo tipo de excusas, sale gratis. Eso sí, el gobierno va a tramitar, por la vía de urgencia, una modificación del Código Penal para agravar las penas a los alborotadores callejeros. ¡Cómo vamos a comparar romper la luna de un escaparate o quemar un contenedor con defaudar millones de euros!

Todo esto sería interesante tratarlo en clase de Etica, o mejor en Educación para la Ciudadanía, pero es adoctrinamiento. También se podría ver en la nonnata Educación Cívica y Constitucional, pero es perder el tiempo.

Quienes seguro no van a perder el tiempo son los defraudadores a los que un gobierno de derechas pretende regalar más de 7.500 millones de euros, en una dádiva que posiblemente no será aceptada. Efectivamente es desconcertante. O no.

La huelga del 29 de marzo no es una huelga con razón sino con razones

La llamada crisis económica no sólo afecta ya a las capas más desfavorecidas de la sociedad sino que alcanza con rudeza a la clase media por la vía de la reducción de salarios, el alto endeudamiento o, peor todavía, el desempleo asociado al endeudamiento, con el resultado de un riesgo acentuado de proletarización.

Mientras tanto los sectores especulativo-financieros se aprovechan de la situación ya que obtienen pingües beneficios por el procedimiento de provocar situaciones de inestabilidad alertando de riesgos reales o hipotéticos que son seguidas de incrementos de los intereses que deben pagar los países para obtener financiación con el consiguiente aumento de los beneficios para las entidades financieras, en una espiral acelerada de profecías autocumplidas.

Simultáneamente, el sector bancario se beneficia impúdicamente de ayudas públicas tanto de los endeudados estados como del Banco Central Europeo en forma de créditos al 1 % que no tienen el más mínimo efecto sobre la economía. En su lugar esos mismos créditos se podían ofrecer a los países que están pagando a la misma blanca intereses del 5, 6 o 7 %.

A estas alturas de la crisis es evidente que las políticas puestas en marcha para su resolución por los gobiernos europeos, conservadores en su mayoría, no recaen sobre los sectores especulativos que contribuyeron activamente a generarla sino sobre aquellos que no se beneficiaron de la época espansivo-especulativa anterior, como funcionarios y pensionistas, y en general sobre todos los asalariados.

Dichas políticas se basan exclusivamente en la contracción del gasto público y el empeoramiento de las condiciones laborales de los asalariados que, lejos de producir riqueza, provocan el empobrecimiento generalizado y la disminución progresiva de la actividad económica que a su vez provoca más pobreza.

En el caso concreto español, la resolución de la crisis se confía en unas “reformas” de ideología neoliberal que se traducen en un endurecimiento de las condiciones laborales que no puede resolver la presunta falta de competitividad de la economía española salvo que se pretenda que los derechos de los trabajadores caigan a niveles de países emergentes.

La competitividad no sólo depende de los costes laborales sino también de la organización del trabajo, de la formación de trabajadores y empresarios y sobre todo, de la inversión tanto en equipamiento como en I+D+i, de la que nadie parece querer acordarse.

En este contexto, los servicios públicos básicos como salud y educación se encuentran en grave riesgo precisamente cuando es más necesario su mantenimiento. En particular la Educación pública, cuando se ha comprobado que es la única solución para el progreso social, está puesta en cuestión.

Mientras que el gobierno conservador carece de un proyecto educativo que llegue más allá de favorecer a la enseñanza privada, hace grandes aspavientos acerca del fracaso escolar y el abandono prematuro y prepara recortes presupuestarios que indudablemente van a limitar los recursos para afrontar dichos problemas.

El previsible aumento de la ratio y el endurecimiento de las condiciones para la titulación que esconde el llamamiento a la “cultura del esfuerzo” sólo presagia que se incremente aún más el fracaso escolar, al tiempo que se dificulte la recuperación para la formación de los 300.000 jóvenes que abandonaron prematuramente las aulas en la etapa de engañosa bonanza económica.

La crisis económica no cesará, independientemente de todos los recortes sociales que se realicen, hasta que los sectores que en la actualidad se están beneficiando de la misma dejen de hacerlo por la vía de la regulación de los mercados financieros o porque consideren que su margen de beneficios disminuye porque el empobrecimiento de las sociedades europeas ha tocado fondo o porque aparezca otro negocio más lucrativo. En todo caso ya se habrá producido el desmantelamiento del estado del bienestar y será muy difícil volver a los niveles de calidad y cobertura anteriores.

Por todo esto, esta huelga no es una huelga con razón sino con razones.

Yo también #apoyoalaEscuela20

Parece ser que ha comenzado el ataque final contra el programa Escuela TIC 2.0, o que es lo mismo, el modelo 1x1 (un ordenador por alumno). Y digo final, porque estos ataques fueron continuos desde sus comienzos, cuando según algún olvidable conseller de la Generalitat valenciana afirmaba que estos dispositivos provocaban miopía, al contrario de lo que ocurre cuando se compran en el Corte Inglés, por ejemplo. Siguiendo el mismo razonamiento se puede decir que dicho conseller, y la derecha en general, han hecho un uso intensivo de los netbooks.

Ni que decir tiene que los oftalmólogos desmintieron tan descabellada teoría poniendo en su sitio al olvidable pero el hecho es que los alumnos valencianos no han podido disfrutar de las ventajas o sufrir los inconvenientes de las pantallas, puesto que la Generalitat, admirablemente administrada por esas fechas como se ha comprobado después, no tuvo a bien suscribir con el gobierno central el pertinente acuerdo. No dejemos que la testaruda realidad nos estropee un apriorismo ideológico.

Ahora la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) ha descubierto en un estudio que "La Escuela 2.0 solo funciona con un proyecto de centro y formativo de profesores" como si este hecho fuera privativo del la Escuela 2.0. Más bien se podría decir que ningún centro educativo puede funcionar aceptablemente en ningún aspecto sin un proyecto y sin formación de los docentes. Entonces ¿por qué poner el punto de mira aquí precisamente?

Entre otras causas, se achaca el "fracaso" del programa a que en "España se ha entregado los ordenadores antes alumnos que a los docentes". Yo no sé en qué España habrá sido así, pero lo que es en Andalucía los ordenadores han sido recibidos en primer lugar por el profesorado.

Puede ser que la queja se refiera a que sólo los docentes de la enseñanza pública han recibido estos dispositivos. Pero sería inconcebible que el dinero público se hubiera empleado en dotar a los trabajadores de empresas privadas de cualquier tipo de material.

El "estudio" también afirma que un 40 % del profesorado no utiliza estos recursos, y que de ellos, el 45 % no lo hace por "falta de formación". Vuelvo a referirme de nuevo a Andalucía y puedo afirmar que todo el docente que así lo ha deseado se ha podido inscribir en cursos de formación al respecto. Es evidente que habrá quien no haya querido, pero ahí entramos en el espinoso tema de si se puede obligar a algún docente a realizar actividades formativas. Lo que es cierto es que si alguien se niega, habrá que cuestionar seriamente su profesionalidad.

Sin embargo, los colegios católicos se quejan de falta de apoyo a la escuela TIC 2.0 en estos centros porque la administración no financia sus equipamientos tecnológicos ni la formación del profesorado, cosa por otra parte lógica al tratarse de empresas privadas. Pues no será tan malo si se sienten discriminados.

Lo que sí es cierto, y esto no parece haber sido tomado en cuenta por el "estudio", es que la presencia del ordenador requiere una forma distinta de dar clase, y que de poco sirve utilizar un libro electrónico en pdf en vez de uno de papel si no consideramos cambiar la forma de enseñar.

Pero si hay algún cambio en el programa Escuela TIC 2.0 dudo que sea en ese sentido. En todo caso, yo también #apoyoalaEscuela20

Las grandes mentiras

Nuestro sistema educativo ha fracasado en muchos aspectos, pero en otros no. Uno de los fracasos es que, a la vista de los resultados ha sido incapaz de formar una ciudadanía crítica que sea capaz de analizar la realidad más allá de sus intereses personales y concretos.

Gracias a ello, y gracias también a la difusión mediática que, es por lo que las grandes mentiras se aceptan sin la más mínima discusión y pasan a ser consideradas verdades irrebatibles.

Es una gran mentira que de la crisis actual sólo se pueda salir mediante recortes sociales y el empobrecimiento de amplias clases sociales, que por cierto, no coinciden necesariamente con las que se han beneficiado del anterior ciclo expansivo-especulativo.

Es una gran mentira que el Estado del bienestar haya provocado la actual crisis por “insostenible” cuando la evidencia apunta a que fue el neoliberalismo desregulador, primero del sistema bancario en Estados Unidos y después del sector de la construcción en España quien obtuvo pingües beneficios de la burbuja especulativa. Ahora, con el cambio de ciclo, las ayudas públicas de los Estados y los regalos en forma de préstamos del Banco Central Europeo, público también, al 1 % de interés fluyen con generosidad. Curiosamente es a ese misma derecha neoliberal es a la que la ciudadanía encomienda la salida de la crisis.

En esta época de las grandes mentiras, la educación también debe tener las suyas. Ahora vemos a los representantes de los colegios concertados, católicos en concreto, pedir más dinero público aduciendo que sus estudiantes reciben menos que los de la pública. De nuevo nos encontramos con la interesada confusión entre valor y coste.

Es un hecho incontestable que el gasto por alumno de un macrocentro con miles de ellos no es el mismo de una escuela rural con unas pocas decenas. Es un hecho, también incontestable, que la escuela concertada no es una escuela integradora, y que cualquier alumno "distinto" es excluido de una forma o de otra..Y es también un hecho que la administración asume los gastos salariales del profesorado, que son los más cuantiosos, así como asigna una cantidad para gastos de funcionamiento.

Podríamos decir ¿qué más quieren? Pues que la administración pública también asuma, para empresas privadas no lo olvidemos, el coste de la innovación tecnológica y pedagógica.

Para estas instituciones neoliberal católicas parece que lo importante es poner en práctica esa máxima tan evangélica de dar más a los que más tienen, no vaya a ser que disminuya la diferencia entre los que más poseen y los que menos.

El neoliberal catolicismo

Las imágenes de Franco entrando bajo palio en las catedrales y los obispos saludando con el brazo en alto son en blanco y negro. Eso quiere decir para buena parte de la sociedad que eran acontecimientos que sucedían en esa nebulosa época denominada "tiempos de Franco", en la que parece ser que poca gente tiene interés. Los mayores (muchos) porque la recuerdan como una ápoca dura, de hambre física y de ruina moral y los jóvenes, porque no tienen suficiente imaginación para hacerse una idea de algo que no han conocido y que está muy alejado afortunadamente de su realidad cotidiana.

Pero esas imágenes sólo serían anécdotas si no representaran un símbolo de la íntima unión del poder político y del religioso, hasta el punto de que ambos eran uno. Era la época del nacional catolicismo.

El último vuelco electoral ha incremetado, si cabe, las presiones de ese sector de la sociedad que tiene verdadero pánico a la libertad, particularmente a la libertad de los demás. Ahora tienen la seguridad de encontrar en el gobierno una acogida mucho más cálida, como ya se ha demostrado.

Ya conseguida la eliminación de la peligrosísima y adoctrinadora Educación para la Ciudadanía, han puesto sus ojos en otra no menos licenciosa, como la de "Ciencias para el Mundo Contemporáneo". Ignoro qué pueden considerar adoctrinamiento estos sectores tan próximos a la Iglesia, una de las mayores organizaciones adoctrinadoras del mundo.

Cabe recordar que una institución tan poco sospechosa de izquierdismo como el Tribunal Supremo no ha visto trazos de esa peligrosidad y ha sentenciado tanto contra la objeción de conciencia como contra las triquiñuelas del gobierno de ese gran líder y amigo del alma valenciano. Pero al parecer no ha sido suficiente.

Por si fuera poco, las presiones de esos sectores minoritarios pero influyentes (ahora más) vienen acompañadas por las de altos representantes de la institución eclesial. El obispo de Málaga, por ejemplo, tras saludar la desaparición de la nefasta asignatura va directamente al grano: hay que dar más dinero a los colegios concertados y hay que dar más "libertad" a las familias para que "elijan" centro educativo, católico por supuesto y gratis obviamente.

Capítulo aparte merecen las consideraciones por las cuales las familias "eligen" estos centros, que en buena medida distan de ser religiosas, como ellos mismos afirman.

Pequeños detalles como que el alumnado que va a sus centros no es el mismo que acude a los públicos ni que los colegios privados estén situados en los grandes núcleos de población donde por consiguiente son más rentables carecen al parecer de importancia.Oir la palabra "discriminación" en boca de estos personajes me ha hecho acudir rápidamente al diccionario.

Pero el arzobispo de Granada no se ha quedado atrás y en una homilía habla de que querer ser funcionario "es una enfermedad social" y arremete contra la cultura de "pueblo subsidiado" de la sociedad española. Obviamente no se refiere a los funcionarios religiosos ni a los suculentos subsidios obtenidos del Estado más allá del porcentaje voluntario del IRPF.

También los empresarios, para no ser menos, quieren dictar contenidos educativos, no vaya a ser que la imagen que se desprenda de ellos en los libros de texto no sea angelical y que el capitalismo no sea visto como una ideología igualitaria y liberadora.

Quienes han apoyado la victoria de la derecha en las últimas elecciones no han tardado en pasar factura ideológica intentando difuminar nuevamente la frontera entre el poder político y concepciones particulares y minoritarias de la religión.

Y esta es una cuenta que la sociedad española, y particularmente la parte que no es consciente de ello, va a estar pagando durante mucho tiempo. Nos acercamos al neoliberal catolicismo.