A los indiferentes

Primero fueron a por los sustitutos pero como yo no lo era me dio igual.

Luego cerraron el comedor pero, total, un colegio no es un restaurante.

También suprimieron los profesores de apoyo pero como mis hijos iban a un colegio concertado no me afectó.

Después fueron a por los interinos pero ¡que hubieran aprobado las oposiciones como yo!

Amenazaron con privatizar el sistema educativo pero yo no podía renunciar a un día de sueldo por una huelga que no iba a servir para nada.

Ahora mi colegio lo gestiona una empresa de trabajo temporal y el director me acaba de comunicar el despido, pero ya a nadie le importa.

La voladura controlada del sistema educativo público

Aunque su estrategia pueda parecer errática y vacilante, hay una completa hoja de ruta que no se está dudando en aplicar con el objeto de disminuir el peso del sector público en los servicios encargados de atender a toda la población.

Primera fase

La primera oleada de recortes fue perpretada, recordemos, en unos Presupuestos Generales del Estado que fueron retrasados artificialmente para que fueran conocidos después de las elecciones andaluzas.

Puesto que los recortes eran claramente insuficientes para conseguir su deterioro, ya que la mayor parte de la inversión en Educación y Sanidad está encomendada a las comunidades autónomas, se hizo "necesaria" una segunda oleada, específicamente en estos campos.

Esta fase se vio acompañada por la acostumbrada mezcla de medias verdades y mentiras absolutas sobre Educación recogidas por los medios afines al gobierno, que son casi todos, y de declaraciones falaces de los dirigentes de la CECE en el sentido de que la enseñanza privada es más barata y, obviamente, mejor.

Finalmente los presupuestos generales del Estado para 2013 han terminado de consumar la vorágine recortadora, que sólo en Educación se puede estimar en 4.000 millones de euros. Hay que señalar que estos recortes son asimétricos y afectan mucho más a la escuela pública que a la privada y concertada, que permanece prácticamente intacta.

Segunda fase

La supresión de los programas que aportaban un factor de calidad añadida a la Educación Pública, como el TIC 2.0 y sobre todo los plan de apoyo educativo, y la previsible ralentización de la implantación del bilingüismo, junto con el aumento de ratio en algunas comunidades y el incremento del horario del profesorado va a provocar un rápido deterioro del sistema educativo público y un correlativo aumento de la demanda de la enseñanza concertada, que si bien ha disminuido algo por la crisis económica, volverá cuando ésta empiece a ser remontada.

Por tanto no resulta aventurado pensar que se degrade gravemente el sistema educativo público y que paralelamente se incremente la demanda de centros privados pero sostenidos con fondos públicos.

Tercera fase

La demanda de centros privados, como ya ocurre en algunas comunidades, será atendida por empresas no necesariamente del ámbito educativo que verán en este sector un nicho de negocio a medio y largo plazo, puesto que contarán con una doble financiación procedente por una parte de fondos públicos y por otra de las aportaciones de las familias que dejarán de ser "voluntarias" como ahora.

El beneficio económico para las empresas se incrementará si, como en Madrid, son los poderes públicos los que acometen la inversión de la construcción de las infraestructuras y posteriormente sacan a concurso la concesión administrativa de la explotación del centro educativo.

De este modo el sistema educativo público será considerado como algo residual, relegando al mismo al alumnado que por cuestiones económicas, sociales, geográficas o personales no resulte rentable en términos económicos.

Los medios de comunicación no son ajenos al desprestigio de la escuela pública magnificando cualquier incidente que se pueda producir. En este caso los centros públicos, por lo general, son identificados plenamente mientras que los privados son protegidos indicando que se trata de "un centro educativo". Esto produce la falsa impresión de que los centros privados son plácidas balsas de aceite.

El resultado será, si nadie lo remedia, que la escuela pública deje de ser garante de cohesión social y que se ahonden las diferencias educativas determinadas por la capacidad económica de las familias. Debemos ser conscientes de que la LOMCE sólo es una etapa más, pero no es la meta.

LA LOMCE o cómo crear nuevos problemas sin resolver los antiguos

Pocas leyes habrán tenido un recorrido tan accidentado como la mal llamada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. El anteproyecto ya ha sufrido al menos dos modificaciones, que se sepan, siempre al dictado de los numerosos grupos de presión que apoyan al gobierno.

No debe ser fácil conjugar los distintos intereses existentes en el ámbito educativo, por lo que el ejecutivo derechista es tan fiel a sus principios que si es necesario los cambia por otros nuevos.

Queda fuera de toda duda que la enseñanza en catalán en Cataluña no es ningún problema salvo para los medios de opinión – que no informativos – próximos al gobierno, lo mismo que tampoco lo era la Educación para la Ciudadanía cuya “objeción” fue enormemente minoritaria y desautorizada por las máximas instancias judiciales incluido el Tribunal Supremo.

Lo mismo puede decirse del anacronismo que supone que la religión gane peso en el sistema educativo por la vía falaz de contraponerla a otra asignatura “fuerte”, de tal forma que el alumnado se decante por la primera “voluntariamente”. Si la Conferencia Episcopal cree que va a luchar contra la “secularización” de la sociedad por esta vía es que el coeficiente intelectual de sus miembros no alcanza los niveles que se le presuponían. Una victoria completa para los prelados que precisamente han destacado en su lucha contra la Educación para la Ciudadanía acusándola de “adoctrinamiento”.

Tampoco parece que los conciertos educativos para financiar colegios privados con fondos públicos se encontraran en grave riesgo como para que fuera necesario garantizar su continuidad durante seis años en lugar de los cuatro actuales. A no ser que el verdadero objetivo consista en favorecer la entrada de grupos financieros en un sector donde van a florecer las expectativas de negocio. Por no hablar de la aberración anacrónica que supone mantener la educación segregada en centros sostenidos con fondos públicos basándose en argumentos pseudocientíficos.

Los principales problemas de la Educación en España, que existen, son qué hacer con el alumnado que no quiere estudiar, cómo combatir el fracaso escolar y el abandono temprano y cómo hacer confluir el mundo educativo con el empresarial sin que ello signifique abrir las puertas a un flujo constante de mano de obra barata. En definitiva qué hay que hacer para mejorar el nivel educativo general del país y para que todos los alumnos alcancen las máximas cotas educativas en función de sus capacidades sin dejar a nadie atrás y sin ahondar las diferencias, más allá de rankings más propios de las competiciones deportivas o de las listas de ventas de discos.

Sin embargo estos problemas no parecen preocupar ni a FAES ni a la Conferencia Episcopal y nos volvemos a encontrar, ante la sorprendente pasividad del profesorado que destaca sobremanera si la comparamos con la respuesta del sector sanitario ante reformas similares, con una nueva ocasión perdida.