Gregorio Peces Barba es catedrático de Filosofía del Derecho. Yo no. Sin embargo, el artículo publicado en el diario El País el pasado 7 de abril defiende unas tesis en absoluto concordantes con las que expuse en mi artículo del 5 de marzo.
Lo cual, lejos de congratularme por mis conocimientos jurídicos, que son nulos, me lleva a preocuparme por la endeblez de los argumentos exhibidos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalaba el "derecho" de unos padres a "objetar" de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Si todo un catedrático de enorme prestigio en la materia, y yo, que no sé nada de ella, y sin más herramienta que la lógica, hemos llegado a parecidas conclusiones será porque algo de razón debemos tener. Por tanto ¿Cuáles son los motivos que han llevado a un magistrado a fallar en un sentido que, con toda probabilidad, será anulado en el Tribunal Supremo?
Puesto que no tengo ningún motivo para dudar de la valía profesional del magistrado, de la cual no tengo ninguna referencia, solo queda pensar que sean otro tipo de interferencias las que hayan logrado nublar su buen juicio.
Y precisamente esto es lo preocupante, porque si un acto ejecutado por un magistrado va contra el espíritu y la letra de la Constitución, además de contra la lógica, y al mismo tiempo hay una gran probabilidad de que sea revocado después de recurrido, hay que pensar que se ha dejado llevar por otro tipo de condicionantes a los que el acto jurídico debía ser ajeno. O por otras intenciones, que también debían ser ajenas a la Justicia.
Por lo pronto la sentencia ha conseguido dar aire a los que estaban buscando sabotear la asignatura, no tanto por ésta en sí, que les importa un bledo, sino por torpedear la labor del Gobierno. Claro que los resultados de las elecciones no les han dejado mucho margen de maniobra. Y si de alguna manera el proceso electoral formaba parte de la operación no puede decirse que la estratagema haya estado coronada por el éxito.
El Estado, como expresión de la voluntad mayoritaria de la sociedad, es el único que tiene la potestad de establecer los contenidos que conforman la formación de los ciudadanos. Estos podrán estar de acuerdo, o no, y por supuesto tienen perfecto derecho a discrepar. Pero eso no les exime de la obligación de conocer.
Ahora sólo queda esperar que el Tribunal Supremo deje las cosas en su sitio. Y, cuanto antes, mejor para todos.
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