No había otra forma de hacerlo

El programa Escuela 2.0 ha recibido muchas críticas y esto no es malo. Es lógico que cualquier medida ambiciosa suscite un debate en el que se reflejen diversas posturas, unas más interesadas que otras.

Lamentablemente muchas críticas - no todas - se formulan desde el desconocimiento profundo acerca de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, su importancia en la Educación, y no pocas desde la ignorancia acerca del hecho educativo. Por tanto no es de extrañar que muchos hayan respirado aliviados ahora que se certifica la defunción de dicho programa, por lo menos tal como lo conocemos.

Se ha criticado la falta de formación del profesorado para utilizar estos recursos, lo que significa no estimar mucho a dichos profesionales e ignorar las herramientas que utlizan, para cuyo uso no es necesario un nivel de conocimientos avanzado.

También se ha criticado la ausencia de recursos educativos adaptados, lo cual también significa ignorar los millones de recursos educativos disponibles libremente en la Red, sin olvidar el esfuerzo realizado por las editoriales para proporcionar materiales educativos digitales, con independencia de la consideración que se tenga hacia los libros de texto, sin tener en cuenta tampoco los innumerables materiales elaborados por los mismos docentes utilizando en muchas ocasiones recuros 2.0 también libres.

Asimismo se ha criticado el hecho de que los ordenadores estén equipados con Linux como sistema operativo, ignorando que cualquier otra opción, además de no proporcionar ventaja alguna, hubiera disparado los costes tanto de la adquisición de los equipos como de su mantenimiento.

Por último, se ha criticado su gratuidad, o por lo menos, que de alguna forma hubiera estado ligada esta gratuidad a los ingresos familiares. Esto hubiera sido simplemente imposible porque por una parte no se hubiera podido obligar a las familias a adquirir un tipo determinado de dispositivo, puesto que hubiera vulnerado las leyes de la competencia, y una multiplicidad de dispositivos, de diferentes características técnicas y sistemas operativos variados hubieran imposibilitado su uso efectivo en el aula.

Pero las consideraciones técnicas no deben hacernos olvidar que lo auténticamente importante, y por tanto lo que se va a perder, es una oportunidad de oro para que los docentes reflexionen acerca de la forma de dar clase. Posiblemente todo el mundo esté de acuerdo, salvo el gobierno y sus asesores, en que actualmente no es posible ni deseable impartir conocimientos como se hacía a mediados del siglo XIX.

Por último, y no menos importante, el programa Escuela 2.0 ha supuesto el único intento serio de abordar la llamada brecha digital, puesto que en muchos casos estos ordenadores han sido los primeros de los que han podido disponer muchas familias.

La introducción de la tecnología en las aulas es cara pero su rentabilidad, como todo en Educación, sólo se hubiera podido comprobar a largo plazo.

El tiempo dirá el auténtico coste que tienen los recortes que en estos momentos se están haciendo en Educación para "ahorrar" y que tendrán que asumir las generaciones futuras.

La educación no es una cadena de montaje

Este gobierno no sabe nada de Educación. Posiblemente tampoco de otros temas y, sobre economía, sus lecturas se limitan a algún breve manual sobre los Chicago boys y las autobiografías de Milton Friedman, Ronald Reagan y Margaret Teacher.

Por no hablar de la inanidad del presidente del gobierno, prueba de esa inconsistencia es un ministro de Hacienda que reconoce la magnitud del fraude fiscal y ni presenta un paquete de medidas para combatirlo ni dimite. O una ministra de Empleo a la que no se conoce trabajo alguno fuera de la política, o el mismo ministro de Educación, sociólogo pero que no es profeta de sí mismo, puesto que es de los peor valorados del Gobierno, lo que ya es decir. 

Se puede pensar que no es necesario que un ministro entienda de la materia que gobierna, siempre que sea un buen gestor y sepa rodearse de asesores compententes, lo que en vista de las evidencias tampoco parece ser el caso.

La última ocurrencia en Educación de este gobierno incompetente es convertir la Educación en una cadena de montaje, de tal forma que periódicamente existan controles de calidad y el producto defectuoso vuelva a la cadena o simplemente se deseche, pasando a otras cadenas de montaje de nivel inferior.

En eso consisten, ni más ni menos, esas "reválidas" que van a ser presentadas próximamente como las panaceas que van a solucionar todos los problemas del sistema educativo español. Del resultado de esos exámenes, el primero de los cuales se hará a los 12 años, que es una edad que todo el mundo sabe que es suficientemente madura, dependerá el futuro de los niños.

De las calificaciones obtenidas dependerá que los alumnos "mejores" sigan avanzando y que los "peores" queden "relegados" a la FP o a PCPI sin opción al título de Graduado a Secundaria. Curiosa forma de prestigiar la FP, también.

Pero no contento con esto, también se usarán para establecer categorías de centros educativos, los "buenos" y los "malos". Es obvio que los privados serán los mejores, puesto que ya se encargarán de no presentar a las pruebas a ningún alumno que no esté en condiciones de superarlas.

Saber cómo va a servir esta carrera de obstáculos para evitar el fracaso y el abandono escolar es algo que sólo debe estar al nivel de la inteligencia de ministros de Educación neoliberales.

El fin de la clase media

Tras las medidas de "ajuste" y todos los eufemismos que se quieran emplear se esconde ni más ni menos que el deseado, buscado y planificado fin de la clase media.

Todas las desequilibradas medidas tomadas por este gobierno sectario desde su llegada al poder están dirigidas a disminuir la influencia de las capas sociales medias y por supuesto bajas y a preservar a los grandes capitales especulativos.

La prueba es que el gobierno neoliberal no ha diseñado medida alguna para aflorar los ingentes capitales especulativos atesorados durante la burbuja inmobiliaria, causante en gran medida de la crisis económica. La ridícula “aministía fiscal” sería patética si no fuera por lo que supone de complicidad con los delincuentes fiscales.

No se ha tomado inguna medida para equilibrar el peso de la crisis entre las distintas capas sociales. Al contrario, se hace recaer toda la carga sobre desempleados, funcionarios, pequeños comperciantes, usuarios de los servicios públicos y beneficiarios de la ley de dependencia.

La reforma educativa, "mejora", según los eufemismos a los que tan aficionado es este gobierno, no pretende sino crear una gran masa sin cualificar y por tanto que jamás cobre más que el salario mínimo, en el mejor de los casos, un grupo de técnicos más o menos especializados y una pequeña élite de titulados superiores. 

Estas capas serín impermeables entre sí de tal forma que el origen socioeconómico determine la pertenencia a una o a otra y sólo en casos excepcionales sea posible la mejora social.

Ante este panorama lo más fácil es decir "los políticos...". Hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones, cadenas de correos electrónicos o mensajes en redes sociales. Si nos fijamos en las marionetas corremos el peligro de no ver a quienes mueven los hilos.

Y a todo esto las medidas de reactivación económica ni están ni se les esperan. ¿Para qué, si las leyes del mercado todo lo solucionan?

No desmontan el estado del bienestar sino destruyen el Estado

Según el credo neoliberal que profesan nuestros gobernantes y el entramado económico y mediático que lo sustenta, el Estado es el conjunto de todos los males que hay que combatir. Lo público, por definición, es malo y caro mientras que lo privado es siempre necesariamente mejor y más eficaz.

Poco importa que dichas creencias no estén sustentadas por la realidad y que lo público sea garantía de equidad y de igualdad de atención para todos los ciudadanos. Cualquier función que esté desempeñada por el Estado puede ser gestionada por una empresa privada que lo hará más barato.

Esto incluye por supuesto la Educación y la Sanidad, pero también abarca la seguridad, la vigilancia de las cárceles y cualquier otra tarea que se nos ocurra.

Es simplemente mentira que lo privado sea mejor. Una empresa privada tiene ánimo de lucro, como es lógico, y minimizar la inversión para maximizar el beneficio siempre irá contra la calidad del servicio. Pero un axioma es un axioma y por tanto ningún neoliberal lo va a poner en cuestión.

Por tanto, el Estado es el enemigo a batir, y su cara visible, los empleados públicos, el principal de los problemas, siendo los funcionarios el peor de todos. Al fin y al cabo, los laborales e interinos no suponen un incoveniente serio porque es fácil prescindir de ellos.

El gran pecado de los funcionarios, además de haber alcanzado un envidiable puesto de trabajo en régimen de concurrencia competitiva, esto es, en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, lo cual es en sí mismo intolerable, es no depender de los entramados económicos y sociales. En el Registro Civil, por ejemplo, se inscribe lo mismo el hijo de un albañil que el de un especulador financiero, y eso no puede ser.

Es posible que haya nepotismo pero su incidencia es infinitamente menor que en la empresa privada, donde es lo habitual.

Los empleados de los servicios básicos, en especial, son garantes de equidad y solidaridad pero para la derecha neoliberal conceptos como estos resultan abstrusos, algo así como el bosón de Higgs. Son algo que debe existir pero resultan incomprensibles y por tanto carecen de valor.

Regreso al pasado

Que este gobierno es conservador es una obviedad. Pero que lo sea hasta el punto de pretender que el sistema educativo español vuelva a una situación anterior a 1970 traspasa todos los límites de lo razonable.

Si nadie lo remedia, y no parece probable dada la cómoda mayoría absoluta que el pueblo español les ha regalado, volverán las reválidas al final de cada nivel educativo, aunque podemos estar tranquilos, ya que no se llamarán "reválidas" sino Pruebas Objetivas para la Continuación Adecuada del Aprendizaje o cualquier estupidez similar.

Hay que recordar que la Ley General de Educación vino a sustituir en 1970 a la Ley de Bases y a la Ley de Instrucción Pública aprobadas el 17 de agosto de 1857 y el 9 de septiembre de 1857 respectivamente. ¡Hace más de 150 años!

Entondes ¿Qué interés puede tener recuperar unas pruebas que ya en en esa época - sí, todavía vivía el dictador - fueron suprimidas por ineficaces? 

La calidad de enseñanza no parece que se vaya a ver muy favorecida convirtiendo la Educación en una carrera de obstáculos, y no parece que aumentar la exigencia vaya a disminuir significativamente el fracaso escolar ni el abandono temprano.

Por tanto, el objetivo final no es otro que la segregación y fragmentación temprana del alumnado y primar más, si cabe, al que procede de los colegios privados, que nunca tendrá problemas para superarlas porque ya se encargarán de que no haya ningún alumno que no sea capaz de hacerlo. 

Los alumnos con dificultades de aprendizaje lógicamente estarán en la enseñanza pública, por lo que sus resultados serán peores proporcionando nuevos argumentos en su contra.

La sociedad española actual no es la fuertemente estratificada de mediados del siglo XIX, aunque algunos parecen sentir añoranza y pretenden evitar por todos los medios la permeabilidad social a través de la Educación. Por eso la Ensñanza pública es su peor enemigo.