La huelga del 29 de marzo no es una huelga con razón sino con razones

La llamada crisis económica no sólo afecta ya a las capas más desfavorecidas de la sociedad sino que alcanza con rudeza a la clase media por la vía de la reducción de salarios, el alto endeudamiento o, peor todavía, el desempleo asociado al endeudamiento, con el resultado de un riesgo acentuado de proletarización.

Mientras tanto los sectores especulativo-financieros se aprovechan de la situación ya que obtienen pingües beneficios por el procedimiento de provocar situaciones de inestabilidad alertando de riesgos reales o hipotéticos que son seguidas de incrementos de los intereses que deben pagar los países para obtener financiación con el consiguiente aumento de los beneficios para las entidades financieras, en una espiral acelerada de profecías autocumplidas.

Simultáneamente, el sector bancario se beneficia impúdicamente de ayudas públicas tanto de los endeudados estados como del Banco Central Europeo en forma de créditos al 1 % que no tienen el más mínimo efecto sobre la economía. En su lugar esos mismos créditos se podían ofrecer a los países que están pagando a la misma blanca intereses del 5, 6 o 7 %.

A estas alturas de la crisis es evidente que las políticas puestas en marcha para su resolución por los gobiernos europeos, conservadores en su mayoría, no recaen sobre los sectores especulativos que contribuyeron activamente a generarla sino sobre aquellos que no se beneficiaron de la época espansivo-especulativa anterior, como funcionarios y pensionistas, y en general sobre todos los asalariados.

Dichas políticas se basan exclusivamente en la contracción del gasto público y el empeoramiento de las condiciones laborales de los asalariados que, lejos de producir riqueza, provocan el empobrecimiento generalizado y la disminución progresiva de la actividad económica que a su vez provoca más pobreza.

En el caso concreto español, la resolución de la crisis se confía en unas “reformas” de ideología neoliberal que se traducen en un endurecimiento de las condiciones laborales que no puede resolver la presunta falta de competitividad de la economía española salvo que se pretenda que los derechos de los trabajadores caigan a niveles de países emergentes.

La competitividad no sólo depende de los costes laborales sino también de la organización del trabajo, de la formación de trabajadores y empresarios y sobre todo, de la inversión tanto en equipamiento como en I+D+i, de la que nadie parece querer acordarse.

En este contexto, los servicios públicos básicos como salud y educación se encuentran en grave riesgo precisamente cuando es más necesario su mantenimiento. En particular la Educación pública, cuando se ha comprobado que es la única solución para el progreso social, está puesta en cuestión.

Mientras que el gobierno conservador carece de un proyecto educativo que llegue más allá de favorecer a la enseñanza privada, hace grandes aspavientos acerca del fracaso escolar y el abandono prematuro y prepara recortes presupuestarios que indudablemente van a limitar los recursos para afrontar dichos problemas.

El previsible aumento de la ratio y el endurecimiento de las condiciones para la titulación que esconde el llamamiento a la “cultura del esfuerzo” sólo presagia que se incremente aún más el fracaso escolar, al tiempo que se dificulte la recuperación para la formación de los 300.000 jóvenes que abandonaron prematuramente las aulas en la etapa de engañosa bonanza económica.

La crisis económica no cesará, independientemente de todos los recortes sociales que se realicen, hasta que los sectores que en la actualidad se están beneficiando de la misma dejen de hacerlo por la vía de la regulación de los mercados financieros o porque consideren que su margen de beneficios disminuye porque el empobrecimiento de las sociedades europeas ha tocado fondo o porque aparezca otro negocio más lucrativo. En todo caso ya se habrá producido el desmantelamiento del estado del bienestar y será muy difícil volver a los niveles de calidad y cobertura anteriores.

Por todo esto, esta huelga no es una huelga con razón sino con razones.

Yo también #apoyoalaEscuela20

Parece ser que ha comenzado el ataque final contra el programa Escuela TIC 2.0, o que es lo mismo, el modelo 1x1 (un ordenador por alumno). Y digo final, porque estos ataques fueron continuos desde sus comienzos, cuando según algún olvidable conseller de la Generalitat valenciana afirmaba que estos dispositivos provocaban miopía, al contrario de lo que ocurre cuando se compran en el Corte Inglés, por ejemplo. Siguiendo el mismo razonamiento se puede decir que dicho conseller, y la derecha en general, han hecho un uso intensivo de los netbooks.

Ni que decir tiene que los oftalmólogos desmintieron tan descabellada teoría poniendo en su sitio al olvidable pero el hecho es que los alumnos valencianos no han podido disfrutar de las ventajas o sufrir los inconvenientes de las pantallas, puesto que la Generalitat, admirablemente administrada por esas fechas como se ha comprobado después, no tuvo a bien suscribir con el gobierno central el pertinente acuerdo. No dejemos que la testaruda realidad nos estropee un apriorismo ideológico.

Ahora la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) ha descubierto en un estudio que "La Escuela 2.0 solo funciona con un proyecto de centro y formativo de profesores" como si este hecho fuera privativo del la Escuela 2.0. Más bien se podría decir que ningún centro educativo puede funcionar aceptablemente en ningún aspecto sin un proyecto y sin formación de los docentes. Entonces ¿por qué poner el punto de mira aquí precisamente?

Entre otras causas, se achaca el "fracaso" del programa a que en "España se ha entregado los ordenadores antes alumnos que a los docentes". Yo no sé en qué España habrá sido así, pero lo que es en Andalucía los ordenadores han sido recibidos en primer lugar por el profesorado.

Puede ser que la queja se refiera a que sólo los docentes de la enseñanza pública han recibido estos dispositivos. Pero sería inconcebible que el dinero público se hubiera empleado en dotar a los trabajadores de empresas privadas de cualquier tipo de material.

El "estudio" también afirma que un 40 % del profesorado no utiliza estos recursos, y que de ellos, el 45 % no lo hace por "falta de formación". Vuelvo a referirme de nuevo a Andalucía y puedo afirmar que todo el docente que así lo ha deseado se ha podido inscribir en cursos de formación al respecto. Es evidente que habrá quien no haya querido, pero ahí entramos en el espinoso tema de si se puede obligar a algún docente a realizar actividades formativas. Lo que es cierto es que si alguien se niega, habrá que cuestionar seriamente su profesionalidad.

Sin embargo, los colegios católicos se quejan de falta de apoyo a la escuela TIC 2.0 en estos centros porque la administración no financia sus equipamientos tecnológicos ni la formación del profesorado, cosa por otra parte lógica al tratarse de empresas privadas. Pues no será tan malo si se sienten discriminados.

Lo que sí es cierto, y esto no parece haber sido tomado en cuenta por el "estudio", es que la presencia del ordenador requiere una forma distinta de dar clase, y que de poco sirve utilizar un libro electrónico en pdf en vez de uno de papel si no consideramos cambiar la forma de enseñar.

Pero si hay algún cambio en el programa Escuela TIC 2.0 dudo que sea en ese sentido. En todo caso, yo también #apoyoalaEscuela20

Las grandes mentiras

Nuestro sistema educativo ha fracasado en muchos aspectos, pero en otros no. Uno de los fracasos es que, a la vista de los resultados ha sido incapaz de formar una ciudadanía crítica que sea capaz de analizar la realidad más allá de sus intereses personales y concretos.

Gracias a ello, y gracias también a la difusión mediática que, es por lo que las grandes mentiras se aceptan sin la más mínima discusión y pasan a ser consideradas verdades irrebatibles.

Es una gran mentira que de la crisis actual sólo se pueda salir mediante recortes sociales y el empobrecimiento de amplias clases sociales, que por cierto, no coinciden necesariamente con las que se han beneficiado del anterior ciclo expansivo-especulativo.

Es una gran mentira que el Estado del bienestar haya provocado la actual crisis por “insostenible” cuando la evidencia apunta a que fue el neoliberalismo desregulador, primero del sistema bancario en Estados Unidos y después del sector de la construcción en España quien obtuvo pingües beneficios de la burbuja especulativa. Ahora, con el cambio de ciclo, las ayudas públicas de los Estados y los regalos en forma de préstamos del Banco Central Europeo, público también, al 1 % de interés fluyen con generosidad. Curiosamente es a ese misma derecha neoliberal es a la que la ciudadanía encomienda la salida de la crisis.

En esta época de las grandes mentiras, la educación también debe tener las suyas. Ahora vemos a los representantes de los colegios concertados, católicos en concreto, pedir más dinero público aduciendo que sus estudiantes reciben menos que los de la pública. De nuevo nos encontramos con la interesada confusión entre valor y coste.

Es un hecho incontestable que el gasto por alumno de un macrocentro con miles de ellos no es el mismo de una escuela rural con unas pocas decenas. Es un hecho, también incontestable, que la escuela concertada no es una escuela integradora, y que cualquier alumno "distinto" es excluido de una forma o de otra..Y es también un hecho que la administración asume los gastos salariales del profesorado, que son los más cuantiosos, así como asigna una cantidad para gastos de funcionamiento.

Podríamos decir ¿qué más quieren? Pues que la administración pública también asuma, para empresas privadas no lo olvidemos, el coste de la innovación tecnológica y pedagógica.

Para estas instituciones neoliberal católicas parece que lo importante es poner en práctica esa máxima tan evangélica de dar más a los que más tienen, no vaya a ser que disminuya la diferencia entre los que más poseen y los que menos.