La huelga insólita

El derecho a la huelga es un derecho constitucional. Nadie lo pone en duda. La palabra huelga trae imágenes de obreros y campesinos en lucha por la jornada de ocho horas, por el descanso semanal. Los mineros de Iquique o los de Riotinto el "año de los tiros".
La semana pasada tuvo lugar otra huelga, pero esta fue de otro carácter. Una huelga contra algo que no es obligatorio ni nadie ha dicho que lo sea. Una huelga en la que algunos de los convocantes (léase los interinos) están en contra porque no pueden participar en aquello contra lo que protestan. O sea, que no están en contra. Y el detonante es la mal llamada orden de incentivos.
No sé si ha habido muchos participantes o pocos, porque en esto nunca se sabe. Pero por pocos que hayan sido son demasiados si consideramos que atacan no tanto a la Administración educativa como a sus propios compañeros que no participan de sus creencias. Y digo creencias y no opiniones, porque se basan en la fe y no en ninguna argumentación racional, que se sepa, sino en tergiversaciones, exageraciones, medias verdades y manipulaciones varias.
Pero como todos somos mayorcitos y se supone que tenemos alguna formación no hay que acusar a nadie en concreto de esas manipulaciones. Llegado el momento nadie es manipulado si no se deja manipular, y parece que hay miembros del colectivo del profesorado, no sé si muchos o pocos, que están ansiosos por dejarse manipular.
Y la mentira comienza cuando se contabilizan como contrarios a la norma todos los profesores de los centros donde la misma no ha sido aprobada, con independencia de que esta no haya salido adelante a pesar de ser mayoritaria la opinión favorable, aunque no haya llegado a los dos tercios.
Y la mentira continúa cuando el día anterior a la convocatoria se había aireado, y la prensa se ha hecho eco sin el más mínimo contraste, que la huelga iba a afectar a más de "1 millón de alumnos", cuando se ha comprobado a la hora de la verdad que eran la mitad de la mitad de la mitad.
Esto se llama mentira y manipulación y está radicalmente en contra del rigor intelectual del que alardean algunos sectores del profesorado. Rigor intelectual y profesionalidad que me permito poner en duda, visto lo visto. Y es que la solidez argumentativa e intelectual no basta con afirmarla, sino que hay que demostrarla.
Y es que una huelga se puede comprender si es contra una imposición injusta o por lo menos que alguien considere que lo es, pero nunca contra algo que es opcional. En este caso no es una huelga, es un despropósito.
Es un error pensar que todas las huelgas son necesariamente justas y progresistas. No hay más que acordarse de la huelga de camioneros en Chile, que propició entre otras acciones el golpe de Estado contra Allende. Y no hay más que ver que los medios que alientan esta protesta son los de la derecha y los de la extrema derecha.
Dime con quién andas…

Los dineros de la Educación

Hace algunos días apareció en la prensa local una información cuyos titulares eran los habituales de "Andalucía a la cola de…". En este caso se trataba del gasto por escolar. De nuevo aparece que la inversión por cada puesto escolar en Andalucía es la más baja de España, junto con Murcia.

Sin embargo, estas informaciones no han generado el acostumbrado debate, pese a su gravedad, y han pasado más bien desapercibidas al contrario de lo que ocurrió con el informe PISA. Pero esas dos noticias están íntimamente relacionadas. Es lógico que una inversión menor esté correlacionada con unos resultados peores, y además esto ahora se puede cuantificar.

La solución trivial parece sencilla: aumentemos el gasto educativo. Pero unas simples cuentas indican que eso no es tan fácil. Si consideramos que en Andalucía hay alrededor de 1.500.000 alumnos en la enseñanza no universitaria, si incrementamos por ejemplo en 1.000 euros la inversión por puesto escolar para equipararnos a la media española, harían falta 1.500 millones de euros, y además cada año, teniendo en cuenta que esta cantidad es anual.

Si no nos dejamos llevar por el fácil "Piove, porco Governo!", habría que preguntarse si la sociedad andaluza está dispuesta a afrontar este sacrificio económico o si está dispuesta a detraer estos presupuestos de otras partidas, en el marco además de una tendencia general de desaceleración económica. ¿Estarían dispuestos los andaluces a que se incrementara la presión impositiva? ¿Realmente considera la sociedad andaluza la Educación como una inversión y no como un gasto?

Quizás por esto la noticia no ha tenido la trascendencia que merecía. Hay una responsabilidad colectiva que no se puede focalizar exclusivamente ni en el gobierno andaluz, ni en el profesorado. Y decir esto no resulta popular.

Precisamente uno de los problemas que dificultaron la implantación de la LOGSE fue haberse realizado en una época de crisis económica que no permitió dedicar los recursos públicos necesarios a la Educación. Y ahora si la crisis se alarga en el tiempo se podría volver a repetir la historia.

Otro de los datos que llaman la atención es que la enseñanza privada no es más barata, como se ha aireado repetidamente. Si es verdad que la inversión por puesto escolar es menor, si descontamos el coste de las infraestructuras escolares, que estos últimos años ha sido muy elevado, la diferencia no es tan grande.

Lo que es evidente es que los profesores debemos extender nuestra labor pedagógica más allá de las aulas para convencer a la sociedad que la Educación es importante, más allá de frases retóricas. Y dar a conocer la labor que se realiza en las aulas, que rara vez trasciende. Y eso no se consigue, evidentemente, con eternos debates sobre si la Administración nos quiere o no, si los alumnos saben o no, si quieren aprender o no, o si son galgos o podencos.

http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051200_6_178923__Andalucia-Andalucia-cola-gasto-publico-educacion

http://www.diariosur.es/20080512/andalucia/gasto-alumno-escuela-publica-20080512.html

http://www.malagahoy.es/article/andalucia/126828/gasto/por/alumno/la/publica/andalucia/es/mas/bajo/espana.html

Miente, que algo queda

La primavera, a la vez que las flores y el buen tiempo, trae en Andalucía el proceso de escolarización. Y, como siempre, la misma retahíla de padres que hacen lo indecible para que sus tiernos retoños obtengan una plaza escolar en un centro concertado. O sea, un colegio privado pero pagado con dinero público.

Hasta ahí no hay mucho que objetar, porque cada cual puede decidir para sus hijos lo que estime conveniente y siempre que lo ampare el Derecho. Otra cosa es que sea con mejor o peor información y con mejor o peor fortuna. Lo que no se puede admitir es la mentira, la tergiversación o la desinformación interesada.

Esto es aún más grave si tenemos en cuenta que estos colegios acostumbran a ser religiosos, católicos en concreto. Uno cree recordar que esta colectividad era bastante sensible al concepto de pecado, y que entre estos se encontraba precisamente la mentira. Aunque puedo estar equivocado.

La mentira empieza al intentar conseguir todo tipo de documentación para justificar puntos para alcanzar la ansiada plaza. Lo mismo da alegar vivir donde no se vive o enfermedades inexistentes. Todo sea por el fin que, al parecer, justifica los medios. También se habla de que existen falsos divorcios al otorgar también puntos pertenecer a una familia monoparental. Aunque esto último no me lo creo, porque más bien puede ocurrir que haya parejas que lo que estén esperando sea una excusa para separarse y ésta les viene muy bien. En todo caso ¿el divorcio no era pecado también?

Uno podría pensar que estos colegios son una especie de paraíso pedagógico. Deben serlo, puesto que se admite sin problemas que las aulas estén masificadas y que la relación profesor/alumno sea muy superior a lo que sería razonable. Y que, si se considera necesario, se aumente aún más el número de alumnos por aula sin ningún problema.

Lo que no se entiende tan bien es que, habiendo en la misma zona colegios públicos con plazas escolares libres la Administración educativa concierte unidades en los privados. Tampoco se entiende muy bien la insistencia de los padres en matricular a sus hijos en colegios masificados. Un aula con 10 o 15 alumnos es simplemente un lujo.

Puede ser, por supuesto, falta de información comprensible en personas lógicamente ajenas al mundo educativo. Pero los límites se sobrepasan si para prestigiar lo propio hay que desprestigiar lo ajeno. O si se miente descaradamente, cosa que quien se dice representante de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos no debería hacer.

Es un hecho que la mayoría de los centros educativos públicos ofrecen servicios equiparables, si no superiores, a los privados. Y la pretendida superioridad de la calidad de la enseñanza en los centros privados todavía estoy esperando que alguien demuestre en qué consiste.

Información en Málaga Hoy

Juez y parte

La Justicia es uno de los pilares del Estado. Como tal, su buen funcionamiento es esencial para la vida de un país. Sin embargo, en España parece que hay algo que no marcha demasiado bien. Es cierto que nuestro sistema democrático es relativamente joven. Y el sistema judicial, aunque evidentemente era anterior, sólo adquirió legitimidad con la llegada de la democracia, por lo que también participa de alguna forma de esa juventud.

Las decisiones judiciales deberían ser incontrovertibles no porque no se pudieran recurrir, por supuesto, ni por su capacidad coercitiva, sino por su autoridad moral. Porque deberían atender sólo a consideraciones jurídicas con independencia de otro tipos de influencias. Pero hay muchos detalles que inducen a pensar que no siempre es así. A veces – no sabemos cuántas – las resoluciones judiciales se pierden en una maraña de incompetencia administrativa. Otras veces son las convicciones políticas o religiosas las que prevalecen sobre las puramente legales.

La tan cacareada independencia del poder judicial no debe entenderse sólo respecto del resto de los poderes del Estado sino también de los condicionantes políticos, morales y religiosos. Esto no quiere decir que los jueces no tengan sus propias opiniones, como todo hijo de vecino, acerca de estos temas, pero estas no deber ser tenidas en cuenta a la hora de dictar sentencia. Ahí estriba la profesionalidad del juez. Es evidente que esto último no ha ocurrido en la sentencia de marras.

Es especialmente flagrante que haya tenido lugar en Andalucía donde las urnas han dado la espalda sistemáticamente a estos planteamientos integristas y ni siquiera el Partido Popular destaca por su beligerancia en este tema. Pero todo vale con tal de imponer los criterios minoritarios dentro de la minoría, o sea, doblemente minoritarios, y si es necesario utilizar la Justicia para ello, pues se utiliza porque el fin justifica los medios.

El respeto a las minorías nunca debe considerarse como que éstas impongan sus criterios a la mayoría. Todo esto es tan absurdo como si los musulmanes se opusieran a que se trataran en los libros de texto los derivados del cerdo, por ser un animal impuro. Pero está claro que el integrismo no sólo se adorna con chador y largas barbas.

La aberración de la sentencia llega a anular parte de la asignatura a instancias de los que el mismo tribunal había previamente eximido de cursar. Por tanto, no sólo impide que sean impartidos estos contenidos a los que "objetan" de ellos, sino a todo el alumnado.

Tampoco es válido el argumento de que la EPC es obligatoria mientras que la religión es optativa. Uno puede decidir si practica o pertenece a una determinada religión – o no – pero no puede decidir si vive en una sociedad o no. Salvo que se quiera ir a una isla desierta. Vivir en sociedad significa aceptar las normas por las que se rige.

Todo esto sin entrar en el fondo de la sentencia, que como se puede apreciar, no puede ser más irrelevante ni afectar más ínfimamente a los contenidos tan ferozmente puestos en cuestión.

Por cierto ¿cómo queda para estos ultraliberales defensores de la neutralidad del Estado la presencia de las religiones, en especial de la católica, dentro de las escuelas y sufragada con fondos públicos? En esto no debe ser neutral para ellos. Una neutralidad a la carta.

Cuando existe una duda razonable más que fundamentada en que la independencia de un magistrado se encuentra afectada, lo lógico hubiera sido recusarlo. Con esto nos hubiéramos ahorrado el penoso espectáculo de ver cómo una sentencia judicial estaba dictada directamente desde la doctrina del Opus Dei. Y de ver arrastrada la credibilidad de la justicia por el suelo. Una vez más.