Deberes

Desde hace meses estamos asistiendo a una polémica que tiene como protagonistas a los deberes escolares. Una campaña, por cierto, impulsada principalmente por las AMPA de la escuela pública. 

En la misma se ha argumentado que el alumnado está sometido a maratonianas sesiones de deberes que se suman a las numerosas actividades vespertinas que llenan por completo las tardes sin dejarles apenas tiempo libre.

Me permito dudar de que esos largos tiempos dedicados al trabajo escolar por las tardes se ajusten a la realidad - no así las actividades extraescolares, aunque ese sería otro debate - pero me temo que en el fondo subyace la opinión de que se trata de tareas que simplemente no se han realizado en clase.

No niego que en ocasiones se encomiende al alumnado que ejecute proyectos que están fuera de sus posibilidades, que en realidad no están dirigidos a ellos sino a sus familias y que lamentablemente atienden más a la espectacularidad o monumentalidad que a su valor pedagógico, que es más que discutible.

Pero esto no quiere decir que no sean necesarias y convenientes las actividades complementarias y de refuerzo, lógicamente adaptadas al nivel educativo y, por supuesto, un tiempo diario imprescindible e irrenunciable dedicado a la lectura.

Los padres aducen “falta de formación”, olvidando quizás que los deberes no son para ellos sino para sus hijos y que su función no es hacerlos sino guiarlos y acompañarlos mientras los hacen.

Y respecto a la “falta de tiempo” habría que considerar que el empleado en acompañar a los hijos mientras hacen los deberes no es más que tiempo dedicado a ellos.

Qué menos.

Comienza la escolarización: leña a la enseñanza pública

Es un hecho que España está sometida a una ofensiva neoconservadora que va mucho más allá de los meros recortes económicos y que pretende subvertir el equilibrio entre el sector público y el privado existente hasta ahora.

El constante descrédito de lo público frente a las ilusorias ventajas de lo privado es una constante que se manifiesta en todo momento y en todos los ámbitos, pero es más evidente en el caso de la Educación y de la Sanidad, puesto que conciernen a todos los ciudadanos.

Estas maniobras de minusvaloración no solo proceden del gobierno y de las administraciones públicas controladas por el Partido Popular sino que son orquestadas por sus medios afines, en especial La Razón y el grupo Vocento, cuya cabecera es el diario ABC, además de otros medios radiofónicos y televisivos y cuya adulación al gobierno derechista merece tratamiento aparte..

En este contexto se puede entender el artículo que aparece en el Diario Sur de Málaga, de la citada cadena, por pura casualidad, a escasos días de iniciarse el proceso de escolarización en Andalucía que denuncia los "problemas crónicos" que sufren los colegios públicos.

Una línea editorial que no parece tolerar comentarios críticos como el que ilustra este post y que "desapareció" misteriosamente.

Sin entrar en detalles, aparece una enorme mezcolanza de "problemas" entre los que se incluye el "deterioro" de las lentes de las pizarras digitales o que aparezcan grietas en determinadas instalaciones.

Es obvio que está implícito que estos problemas no afectan a esos idílicos paraísos de la uniformidad, no sólo en el vestuario, que son los colegios privados.

El hecho de que los colegios privados sean en realidad abigarrados conglomerados de intereses económicos, religiosos y sociales tampoco parece ser relevante.

A los indiferentes

Primero fueron a por los sustitutos pero como yo no lo era me dio igual.

Luego cerraron el comedor pero, total, un colegio no es un restaurante.

También suprimieron los profesores de apoyo pero como mis hijos iban a un colegio concertado no me afectó.

Después fueron a por los interinos pero ¡que hubieran aprobado las oposiciones como yo!

Amenazaron con privatizar el sistema educativo pero yo no podía renunciar a un día de sueldo por una huelga que no iba a servir para nada.

Ahora mi colegio lo gestiona una empresa de trabajo temporal y el director me acaba de comunicar el despido, pero ya a nadie le importa.

La voladura controlada del sistema educativo público

Aunque su estrategia pueda parecer errática y vacilante, hay una completa hoja de ruta que no se está dudando en aplicar con el objeto de disminuir el peso del sector público en los servicios encargados de atender a toda la población.

Primera fase

La primera oleada de recortes fue perpretada, recordemos, en unos Presupuestos Generales del Estado que fueron retrasados artificialmente para que fueran conocidos después de las elecciones andaluzas.

Puesto que los recortes eran claramente insuficientes para conseguir su deterioro, ya que la mayor parte de la inversión en Educación y Sanidad está encomendada a las comunidades autónomas, se hizo "necesaria" una segunda oleada, específicamente en estos campos.

Esta fase se vio acompañada por la acostumbrada mezcla de medias verdades y mentiras absolutas sobre Educación recogidas por los medios afines al gobierno, que son casi todos, y de declaraciones falaces de los dirigentes de la CECE en el sentido de que la enseñanza privada es más barata y, obviamente, mejor.

Finalmente los presupuestos generales del Estado para 2013 han terminado de consumar la vorágine recortadora, que sólo en Educación se puede estimar en 4.000 millones de euros. Hay que señalar que estos recortes son asimétricos y afectan mucho más a la escuela pública que a la privada y concertada, que permanece prácticamente intacta.

Segunda fase

La supresión de los programas que aportaban un factor de calidad añadida a la Educación Pública, como el TIC 2.0 y sobre todo los plan de apoyo educativo, y la previsible ralentización de la implantación del bilingüismo, junto con el aumento de ratio en algunas comunidades y el incremento del horario del profesorado va a provocar un rápido deterioro del sistema educativo público y un correlativo aumento de la demanda de la enseñanza concertada, que si bien ha disminuido algo por la crisis económica, volverá cuando ésta empiece a ser remontada.

Por tanto no resulta aventurado pensar que se degrade gravemente el sistema educativo público y que paralelamente se incremente la demanda de centros privados pero sostenidos con fondos públicos.

Tercera fase

La demanda de centros privados, como ya ocurre en algunas comunidades, será atendida por empresas no necesariamente del ámbito educativo que verán en este sector un nicho de negocio a medio y largo plazo, puesto que contarán con una doble financiación procedente por una parte de fondos públicos y por otra de las aportaciones de las familias que dejarán de ser "voluntarias" como ahora.

El beneficio económico para las empresas se incrementará si, como en Madrid, son los poderes públicos los que acometen la inversión de la construcción de las infraestructuras y posteriormente sacan a concurso la concesión administrativa de la explotación del centro educativo.

De este modo el sistema educativo público será considerado como algo residual, relegando al mismo al alumnado que por cuestiones económicas, sociales, geográficas o personales no resulte rentable en términos económicos.

Los medios de comunicación no son ajenos al desprestigio de la escuela pública magnificando cualquier incidente que se pueda producir. En este caso los centros públicos, por lo general, son identificados plenamente mientras que los privados son protegidos indicando que se trata de "un centro educativo". Esto produce la falsa impresión de que los centros privados son plácidas balsas de aceite.

El resultado será, si nadie lo remedia, que la escuela pública deje de ser garante de cohesión social y que se ahonden las diferencias educativas determinadas por la capacidad económica de las familias. Debemos ser conscientes de que la LOMCE sólo es una etapa más, pero no es la meta.

LA LOMCE o cómo crear nuevos problemas sin resolver los antiguos

Pocas leyes habrán tenido un recorrido tan accidentado como la mal llamada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. El anteproyecto ya ha sufrido al menos dos modificaciones, que se sepan, siempre al dictado de los numerosos grupos de presión que apoyan al gobierno.

No debe ser fácil conjugar los distintos intereses existentes en el ámbito educativo, por lo que el ejecutivo derechista es tan fiel a sus principios que si es necesario los cambia por otros nuevos.

Queda fuera de toda duda que la enseñanza en catalán en Cataluña no es ningún problema salvo para los medios de opinión – que no informativos – próximos al gobierno, lo mismo que tampoco lo era la Educación para la Ciudadanía cuya “objeción” fue enormemente minoritaria y desautorizada por las máximas instancias judiciales incluido el Tribunal Supremo.

Lo mismo puede decirse del anacronismo que supone que la religión gane peso en el sistema educativo por la vía falaz de contraponerla a otra asignatura “fuerte”, de tal forma que el alumnado se decante por la primera “voluntariamente”. Si la Conferencia Episcopal cree que va a luchar contra la “secularización” de la sociedad por esta vía es que el coeficiente intelectual de sus miembros no alcanza los niveles que se le presuponían. Una victoria completa para los prelados que precisamente han destacado en su lucha contra la Educación para la Ciudadanía acusándola de “adoctrinamiento”.

Tampoco parece que los conciertos educativos para financiar colegios privados con fondos públicos se encontraran en grave riesgo como para que fuera necesario garantizar su continuidad durante seis años en lugar de los cuatro actuales. A no ser que el verdadero objetivo consista en favorecer la entrada de grupos financieros en un sector donde van a florecer las expectativas de negocio. Por no hablar de la aberración anacrónica que supone mantener la educación segregada en centros sostenidos con fondos públicos basándose en argumentos pseudocientíficos.

Los principales problemas de la Educación en España, que existen, son qué hacer con el alumnado que no quiere estudiar, cómo combatir el fracaso escolar y el abandono temprano y cómo hacer confluir el mundo educativo con el empresarial sin que ello signifique abrir las puertas a un flujo constante de mano de obra barata. En definitiva qué hay que hacer para mejorar el nivel educativo general del país y para que todos los alumnos alcancen las máximas cotas educativas en función de sus capacidades sin dejar a nadie atrás y sin ahondar las diferencias, más allá de rankings más propios de las competiciones deportivas o de las listas de ventas de discos.

Sin embargo estos problemas no parecen preocupar ni a FAES ni a la Conferencia Episcopal y nos volvemos a encontrar, ante la sorprendente pasividad del profesorado que destaca sobremanera si la comparamos con la respuesta del sector sanitario ante reformas similares, con una nueva ocasión perdida.

Los niños con los niños y las niñas con las niñas es segregación

La separación por sexos en la escuela no puede justificarse en modo alguno por criterios pedagógicos y por tanto no puede considerarse de otra forma que segregación. Esta obviedad ha convivido hasta ahora con la aberrante subvención con fondos públicos de centros educativos que practicaban esta discriminación.

Y es que hay una parte de la sociedad española que se ha quedado atascada en los años 40 del siglo pasado. Una época que añoran pese a no haberla vivido en muchos casos, en la que reinaba la "seguridad" frente a la "incertidumbre" actual. Unos tiempos en los que no tendrías que preocuparte de opiniones políticas o de creencias religiosas siempre que opinaras y creyeras como Dios manda. Y de lo que Dios mandaba te mantenía puntualmente informado tanto el poder político como el religioso.

Esta continua mirada atrás es una actitud profundamente medrosa y cobarde que deriva fácilmente en posiciones antidemocráticas y de difícil encaje en la sociedad actual, pero no duda en utilizar los mecanismos del Estado de Derecho para hacer valer sus tesis o incluso imponerlas a la mayoría si tienen ocasión.

En esa añorada época reinaba la segregación a todos los niveles en la escuela, no sólo sexual, sino también económica. Recordemos por ejemplo los uniformes de distinto color para los alumnos "de pago" y para los becarios.

La subvención con fondos públicos de las subvenciones a la enseñanza segregada por sexos se ha mantenido hasta que ahora, por fin el Tribunal Supremo ha tenido a bien reconocer su ilegalidad. 

Como era de esperar, el inefable defensor de la ideología integrista Wert, cual muñeco de ventrílocuo, no ha tardado en salir en defensa de la discriminación sexualen los colegios aferrándose a la Convención de la Unesco relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960.

De la misma manera que en otras muchas ocasiones el ministro Wert lo único que ha conseguido es mostrar que esa Convención lo que necesita es una urgente revisión.

Requiem por la Educación para la Ciudadanía

Los sectores más integristas del conservadurismo católico, entre los que representa un papel destacado la Conferencia Episcopal española, se han apuntado un tanto con la desaparición de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de los centros educativos españoles.

No ha sido suficiente que el propio Tribunal Supremo afirmara que no había motivo para la objeción a la asignatura. Finalmente, la campaña orquestada por estos integristas, que no han dudado en utilizar mentiras, difamaciones y manipulaciones para atacarla, ha dado sus frutos ya que el gobierno actual es más sensible a las opiniones extremadamente minoritarias de estos sectores que a las de la mayoría.

No hay que olvidar que el ministro Wert ya usó citas falsas para justificar la eliminación de la asignatura puesto que “adoctrinaba” y ahora propone su sustitución por otra denominada Educación Cívica y Constitucional, que además sólo se impartiría en Educación Secundaria.

El cambio de denominación no debe hacer pensar que la materia anterior no fuera ni “cívica” ni “constitucional”. Lo que sí es cierto que se han suprimido los contenidos que podían haber molestado a estos sectores minoritarios, a pesar de ser ampliamente aceptados e incluso defendidos por la mayoría.

Es obvio que el integrismo católico no podía tolerar “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. También debe opinar que lleva a la disolución moral “el rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales” al tiempo que considera intolerable reflexionar sobre “la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza”.

Sin embargo, aunque postule el papel “de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”, este cambio  no resulta suficiente, al parecer, y el integrismo católico también considera adoctrinamiento la Educación Cívica y Constitucional por lo que piden también su supresión.

En realidad, esta falsa polémica muestra lo que por otra parte era evidente. Determinados sectores, muy minoritarios pero próximos al partido en el gobierno, no han asimilado aún la Constitución de 1978 y abominan de lo que representa. Y no van a dudar en imponer sus propios criterios morales al conjunto de la ciudadanía. Si nos dejamos.