La voladura controlada del sistema educativo público

Aunque su estrategia pueda parecer errática y vacilante, hay una completa hoja de ruta que no se está dudando en aplicar con el objeto de disminuir el peso del sector público en los servicios encargados de atender a toda la población.

Primera fase

La primera oleada de recortes fue perpretada, recordemos, en unos Presupuestos Generales del Estado que fueron retrasados artificialmente para que fueran conocidos después de las elecciones andaluzas.

Puesto que los recortes eran claramente insuficientes para conseguir su deterioro, ya que la mayor parte de la inversión en Educación y Sanidad está encomendada a las comunidades autónomas, se hizo "necesaria" una segunda oleada, específicamente en estos campos.

Esta fase se vio acompañada por la acostumbrada mezcla de medias verdades y mentiras absolutas sobre Educación recogidas por los medios afines al gobierno, que son casi todos, y de declaraciones falaces de los dirigentes de la CECE en el sentido de que la enseñanza privada es más barata y, obviamente, mejor.

Finalmente los presupuestos generales del Estado para 2013 han terminado de consumar la vorágine recortadora, que sólo en Educación se puede estimar en 4.000 millones de euros. Hay que señalar que estos recortes son asimétricos y afectan mucho más a la escuela pública que a la privada y concertada, que permanece prácticamente intacta.

Segunda fase

La supresión de los programas que aportaban un factor de calidad añadida a la Educación Pública, como el TIC 2.0 y sobre todo los plan de apoyo educativo, y la previsible ralentización de la implantación del bilingüismo, junto con el aumento de ratio en algunas comunidades y el incremento del horario del profesorado va a provocar un rápido deterioro del sistema educativo público y un correlativo aumento de la demanda de la enseñanza concertada, que si bien ha disminuido algo por la crisis económica, volverá cuando ésta empiece a ser remontada.

Por tanto no resulta aventurado pensar que se degrade gravemente el sistema educativo público y que paralelamente se incremente la demanda de centros privados pero sostenidos con fondos públicos.

Tercera fase

La demanda de centros privados, como ya ocurre en algunas comunidades, será atendida por empresas no necesariamente del ámbito educativo que verán en este sector un nicho de negocio a medio y largo plazo, puesto que contarán con una doble financiación procedente por una parte de fondos públicos y por otra de las aportaciones de las familias que dejarán de ser "voluntarias" como ahora.

El beneficio económico para las empresas se incrementará si, como en Madrid, son los poderes públicos los que acometen la inversión de la construcción de las infraestructuras y posteriormente sacan a concurso la concesión administrativa de la explotación del centro educativo.

De este modo el sistema educativo público será considerado como algo residual, relegando al mismo al alumnado que por cuestiones económicas, sociales, geográficas o personales no resulte rentable en términos económicos.

Los medios de comunicación no son ajenos al desprestigio de la escuela pública magnificando cualquier incidente que se pueda producir. En este caso los centros públicos, por lo general, son identificados plenamente mientras que los privados son protegidos indicando que se trata de "un centro educativo". Esto produce la falsa impresión de que los centros privados son plácidas balsas de aceite.

El resultado será, si nadie lo remedia, que la escuela pública deje de ser garante de cohesión social y que se ahonden las diferencias educativas determinadas por la capacidad económica de las familias. Debemos ser conscientes de que la LOMCE sólo es una etapa más, pero no es la meta.