Aunque su estrategia pueda parecer
errática y vacilante, hay una completa hoja de ruta que no se está dudando
en aplicar con el objeto de disminuir el peso del sector público en los
servicios encargados de atender a toda la población.
Primera fase
La primera oleada de recortes fue perpretada, recordemos, en unos
Presupuestos Generales del Estado que fueron retrasados artificialmente para que fueran conocidos después de las elecciones andaluzas.
Puesto
que los recortes eran claramente insuficientes para conseguir su
deterioro, ya que la mayor parte de la inversión en Educación y Sanidad
está encomendada a las comunidades autónomas, se hizo "necesaria" una
segunda oleada, específicamente en estos campos.
Esta
fase se vio acompañada por la acostumbrada mezcla de medias verdades y
mentiras absolutas sobre Educación recogidas por los medios afines al
gobierno, que son casi todos, y de declaraciones falaces de los
dirigentes de la CECE en el sentido de que la enseñanza privada es más
barata y, obviamente, mejor.
Finalmente los
presupuestos generales del Estado para 2013 han terminado de consumar la vorágine recortadora, que sólo en Educación se puede estimar en
4.000 millones de euros. Hay que señalar que estos recortes son asimétricos y afectan mucho más a la escuela pública que a la privada y concertada, que permanece prácticamente intacta.
La supresión de los programas que
aportaban un factor de calidad añadida a la Educación Pública, como el
TIC 2.0 y sobre todo los plan de apoyo educativo, y la previsible
ralentización de la implantación del bilingüismo, junto con el aumento
de ratio en algunas comunidades y el incremento del horario del
profesorado va a provocar un rápido deterioro del sistema educativo
público y un correlativo aumento de la demanda de la enseñanza
concertada, que si bien ha disminuido algo por la crisis económica,
volverá cuando ésta empiece a ser remontada.
Por tanto no resulta aventurado
pensar que se degrade gravemente el sistema educativo público y que
paralelamente se incremente la demanda de centros privados pero
sostenidos con fondos públicos.
Tercera fase
La demanda de centros privados, como
ya ocurre en algunas comunidades, será atendida por empresas no
necesariamente del ámbito educativo que verán en este sector un nicho de
negocio a medio y largo plazo, puesto que contarán con una doble
financiación procedente por una parte de fondos públicos y por otra de
las aportaciones de las familias que dejarán de ser "voluntarias" como ahora.
El
beneficio económico para las empresas se incrementará si, como en
Madrid, son los poderes públicos los que acometen la inversión de la
construcción de las infraestructuras y posteriormente sacan a concurso
la concesión administrativa de la explotación del centro educativo.
De este modo el sistema educativo
público será considerado como algo residual, relegando al mismo al
alumnado que por cuestiones económicas, sociales, geográficas o
personales no resulte rentable en términos económicos.
Los medios de comunicación no son ajenos al desprestigio de la escuela pública magnificando cualquier incidente que se pueda producir. En este caso los centros públicos, por lo general, son identificados plenamente mientras que los privados son protegidos indicando que se trata de "un centro educativo". Esto produce la falsa impresión de que los centros privados son plácidas balsas de aceite.
El resultado será, si nadie lo remedia, que la escuela pública deje de ser garante de cohesión social y que se ahonden las diferencias educativas determinadas por la capacidad económica de las familias. Debemos ser conscientes de que la LOMCE sólo es una etapa más, pero no es la meta.
