La separación por sexos en la escuela no puede justificarse en modo alguno por criterios pedagógicos y por tanto no puede considerarse de otra forma que segregación. Esta obviedad ha convivido hasta ahora con la aberrante subvención con fondos públicos de centros educativos que practicaban esta discriminación.
Y es que hay una parte de la sociedad española que se ha quedado atascada en los años 40 del siglo pasado. Una época que añoran pese a no haberla vivido en muchos casos, en la que reinaba la "seguridad" frente a la "incertidumbre" actual. Unos tiempos en los que no tendrías que preocuparte de opiniones políticas o de creencias religiosas siempre que opinaras y creyeras como Dios manda. Y de lo que Dios mandaba te mantenía puntualmente informado tanto el poder político como el religioso.
Esta continua mirada atrás es una actitud profundamente medrosa y cobarde que deriva fácilmente en posiciones antidemocráticas y de difícil encaje en la sociedad actual, pero no duda en utilizar los mecanismos del Estado de Derecho para hacer valer sus tesis o incluso imponerlas a la mayoría si tienen ocasión.
En esa añorada época reinaba la segregación a todos los niveles en la escuela, no sólo sexual, sino también económica. Recordemos por ejemplo los uniformes de distinto color para los alumnos "de pago" y para los becarios.
La subvención con fondos públicos de las subvenciones a la enseñanza segregada por sexos se ha mantenido hasta que ahora, por fin el Tribunal Supremo ha tenido a bien reconocer su ilegalidad.
Como era de esperar, el inefable defensor de la ideología integrista Wert, cual muñeco de ventrílocuo, no ha tardado en salir en defensa de la discriminación sexualen los colegios aferrándose a la Convención de la Unesco relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960.
De la misma manera que en otras muchas ocasiones el ministro Wert lo único que ha conseguido es mostrar que esa Convención lo que necesita es una urgente revisión.
