Pocas leyes habrán tenido un recorrido tan accidentado como
la mal llamada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. El
anteproyecto ya ha sufrido al menos dos modificaciones, que se sepan, siempre
al dictado de los numerosos grupos de presión que apoyan al gobierno.
No debe ser fácil conjugar los distintos intereses
existentes en el ámbito educativo, por lo que el ejecutivo derechista es tan
fiel a sus principios que si es necesario los cambia por otros nuevos.
Queda fuera de toda duda que la enseñanza en catalán en
Cataluña no es ningún problema salvo para los medios de opinión – que no
informativos – próximos al gobierno, lo mismo que tampoco lo era la Educación
para la Ciudadanía cuya “objeción” fue enormemente minoritaria y desautorizada
por las máximas instancias judiciales incluido el Tribunal Supremo.
Lo mismo puede decirse del anacronismo que supone que la
religión gane peso en el sistema educativo por la vía falaz de contraponerla a
otra asignatura “fuerte”, de tal forma que el alumnado se decante por la
primera “voluntariamente”. Si la Conferencia Episcopal cree que va a luchar
contra la “secularización” de la sociedad por esta vía es que el coeficiente
intelectual de sus miembros no alcanza los niveles que se le presuponían. Una
victoria completa para los prelados que precisamente han destacado en su lucha
contra la Educación para la Ciudadanía acusándola de “adoctrinamiento”.
Tampoco parece que los conciertos educativos para financiar
colegios privados con fondos públicos se encontraran en grave riesgo como para
que fuera necesario garantizar su continuidad durante seis años en lugar de los
cuatro actuales. A no ser que el verdadero objetivo consista en favorecer la
entrada de grupos financieros en un sector donde van a florecer las
expectativas de negocio. Por no hablar de la aberración anacrónica que supone mantener la
educación segregada en centros sostenidos con fondos públicos basándose
en argumentos pseudocientíficos.
Los principales problemas de la Educación en España, que existen,
son qué hacer con el alumnado que no quiere estudiar, cómo combatir el fracaso
escolar y el abandono temprano y cómo hacer confluir el mundo educativo con el empresarial
sin que ello signifique abrir las puertas a un flujo constante de mano de obra
barata. En definitiva qué hay que hacer para mejorar el nivel educativo general
del país y para que todos los alumnos alcancen las máximas cotas educativas en
función de sus capacidades sin dejar a nadie atrás y sin ahondar las
diferencias, más allá de rankings más propios de las competiciones deportivas o
de las listas de ventas de discos.
Sin embargo estos problemas no parecen preocupar ni a FAES
ni a la Conferencia Episcopal y nos volvemos a encontrar, ante la sorprendente
pasividad del profesorado que destaca sobremanera si la comparamos con la
respuesta del sector sanitario ante reformas similares, con una nueva ocasión
perdida.
