La derecha política y mediática ha emprendido una campaña sin precedentes para intentar convencer a los electores (no estamos hablando de ciudadanos porque estos estarían encuadrados en otra categoría) de que en realidad los que recortan servicios sociales son otros.
Frente a los datos incontestables de las comunidades gobernadas por la derecha nacional y catalana están inmersas en una espiral sin precedentes de ataques contra el Estado del bienestar y en particular contra la Enseñanza pública, los dirigentes populares convenientemente arropados por sus altavoces mediáticos inflan en cada intervención las cifras de lo que ocurre en Andalucía y ya vamos por recortes de miles de millones de euros, aunque sin duda llegaremos a los billones a su debido tiempo.
Para apoyar esa tesis alguna dirigente popular de cuyo nombre prefiero no acordarme no ha dudado en ir a hacerse la foto con unas ancianitas que aparentan estar sorprendentemente bien cuidadas y felices, sin duda por haber recibido la visita de su salvadora de unos peligros que por otra parte, y afortunadamente, no ven por ningún sitio.
Que hay menos dinero y que por lo tanto hay que restringir la inversión es una obviedad que no merece invertir tiempo en explicar. El problema es cómo y dónde se aplica esa restricción de gasto. Sin olvidar que los mismos que critican estos "recortes" pondrían sin ruborizarse el grito en el cielo hablando de "despilfarro" o de "dilapidación" si no los hubiera.
Esta forma de hacer política es posible que sea legítima, pero es patética. Me recuerda a la rabieta de un niño pequeño que, tras haber estado esperando largamente conseguir una piruleta, ve como se aleja irremediablemente de sus manos.
